Relaciones Triangulares

Hace 30 años, publiqué en mi columna semanal Agenda en la ya legendaria revista Rumbo que dirigía Aníbal de Castro, el texto que ahora reproduzco, para refrescar la memoria de los desmemoriados.

Los Estados Unidos "redescubrieron" la República Dominicana entre 1869 y 1871, cuando se discutió en el Congreso norteamericano un tratado de anexión de Santo Domingo a la Unión, convenido y promovido por los presidentes Ulysses Grant y Buenaventura Báez. La oposición que en el Senado libró el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Charles Sumner, fue clave para abortar el proyecto en 1871. Una mayoría de legisladores abolicionistas -que lidiaba con el problema de establecer garantías constitucionales y legales para cuatro millones de antiguos esclavos- no era un terreno favorable para asimilar una nueva posesión de ultramar formada predominantemente por negros y mulatos.

Los nacionalistas dominicanos realizaron una intensa labor de cabildeo mediante el envío de comunicaciones a congresistas, a funcionarios del ejecutivo y a la prensa de los EEUU. Báez fue combatido con las armas por los generales Cabral y Luperón, con la simpatía de las autoridades haitianas que habían derrocado al Presidente Salnave, aliado de Báez. En el país, el gobierno recibió la decisión senatorial como una clara derrota. En Haití, las autoridades reconocieron al senador Sumner como un héroe.

La razón era obvia, el proyecto en cuestión tenía un trasfondo virtualmente unificador. En 1868, el Presidente Andrew Johnson, en su mensaje anual al Congreso, había señalado que el "tiempo ha madurado para que un proyecto de anexión de las dos repúblicas de la isla de Santo Domingo pudiera no sólo recibir el respaldo de sus respectivos pueblos, sino también dejar conformes a las demás naciones".

Vocación hegemónica. Desde finales del siglo XIX, los Estados Unidos se perfilaron como una potencia emergente con clara vocación de hegemonía en el hemisferio, disputándole el espacio a las potencias europeas. Su área de influencia prioritaria apuntó hacia el Caribe y Centroamérica.

A vuelta de siglo XX, esta tendencia cobró forma a través del interés norteamericano por el control del estratégico proyecto del Canal de Panamá, una razón eficiente en la separación -intentada en múltiples ocasiones a lo largo del siglo XIX- de este departamento de Colombia como nación independiente en 1903. A lo cual se añadiría el protectorado ejercido sobre Cuba por virtud de la debatida Enmienda Platt de 1901 y la incorporación de Puerto Rico como territorio dependiente bajo la égida de un gobierno militar desde 1898, como saldo de la guerra hispano-norteamericana ganada por Estados Unidos. Estas islas fueron escenario de fuertes inversiones de capital estadounidense en la industria azucarera, en ferrocarriles, comunicaciones, electricidad, y en la banca.

Un factor clave fue la deuda externa de los países centroamericanos y del Caribe, controlada por tenedores europeos, que los hacía vulnerables a frecuentes presiones diplomáticas y militares, con despliegues de naves de guerra de las potencias del viejo continente en sus costas. Los casos dominicano y venezolano motivaron al Presidente Theodore Roosevelt a formular su famoso corolario a la doctrina Monroe. La fórmula básica consistió en la consolidación de la deuda a través de bancos norteamericanos y en el control de las aduanas como fuente de garantía del repago. Junto a la preservación de la estabilidad política.

La debilidad institucional manifiesta en las frecuentes guerras civiles y el incumplimiento en el pago de la deuda, fueron alegatos utilizados para ejecutar la llamada diplomacia de las cañoneras. Así, una suerte de imperialismo benevolente fue ejercido en la región, a cargo del Navy y la Infantería de Marina de los Estados Unidos.

La Primera Guerra Mundial impulsó a los Estados Unidos a consolidar su hegemonía militar y política en el Caribe. Al presidente Woodrow Wilson, el prestigioso scholar pacifista precursor de la Sociedad de las Naciones, anticipo de la ONU, le correspondió lidiar con estas realidades geopolíticas.

Inicios de relaciones triangulares. Estados Unidos ocupó militarmente Haití (1915/34) y República Dominicana (1916/24), en orden sucesivo, con una diferencia de un año, más que duplicando la estancia de sus tropas en el lado haitiano. El almirante W. B. Caperton, quien dirigió las operaciones en Haití, hizo otro tanto en la República Dominicana. Las razones de la ocupación fueron similares. El problema de la deuda externa y la inestabilidad política, más el valor estratégico de la isla para el control de los movimientos militares en la región en medio de la Primera Guerra Mundial (1914/18). La ocupación norteamericana de ambos países estableció ciertos patrones comunes.

En Haití el Congreso pactó un convenio que permitió la supervivencia de un gobierno civil, subordinado al Comisionado norteamericano. Este asumió el control de las aduanas, designó un consejero financiero y organizó una fuerza de gendarmería. Se desarmó a la población y se impuso la ley marcial y tribunales prebostales. Una nueva constitución, de la cual diría orgulloso el Presidente Franklin D. Roosevelt -quien había visitado Haití como subsecretario de Marina del Presidente Wilson- que era su verdadero redactor, concedió a los extranjeros el derecho a la propiedad inmobiliaria, vedado hasta entonces. Validaba además los actos del gobierno de los Estados Unidos durante la ocupación y se hacían irrevocables los del tribunal militar.

El Alto Comisionado supervisaba los departamentos de Salud, Finanzas, Agricultura y Obras Públicas. Conforme al convenio, cada ministro haitiano estaba asistido por un consejero norteamericano. Esta administración tutelada, con la "haitianización" progresiva de los mandos gubernamentales durante la década del 30, operó hasta 1934, cuando las tropas de la Infantería Naval abandonaron Haití, tras la visita del Presidente Franklin D. Roosevelt. El vigoroso impulsor del Estado Benefactor (lo más parecido a un modelo socialdemócrata) y de la política del New Deal, cuyo mandato fuera renovado en las urnas para cuatro períodos.

En la República Dominicana, tras meses de infructuosas negociaciones -con la presencia de las tropas de Infantería in situ- entre el gobierno de Woodrow Wilson y el dominicano, Estados Unidos decidió instalar un Gobierno Militar de Ocupación. Los puntos en debate fueron la designación de dos funcionarios norteamericanos: un experto financiero para manejar las finanzas públicas y un comandante militar que, asistido por un grupo de oficiales, organizara un cuerpo armado profesional.

En Santo Domingo los Estados Unidos controlaban las aduanas desde 1905, mediante un Modus Vivendi, avalado en 1907 por la Convención Dominico-Americana. La deuda pública había sido consolidada, con la intervención de entidades bancarias de New York. Sin embargo, la inestabilidad política que sobrevino tras el asesinato en 1911 del Presidente Cáceres -otro rasgo coincidente con Haití- originó nuevos endeudamientos internos y el estancamiento de la economía. Entre ese año y 1916, los presidentes William Taft y Woodrow Wilson trataron infructuosamente por diversos medios de promover un gobierno estable en el país.

Al igual que en Haití, las tropas de ocupación desarmaron a la población y persiguieron a los alzados. En el Este -principal zona azucarera y ganadera- operaron guerrillas por varios años.

Los oficiales americanos, imbuidos de la ideología progresista y con experiencias administrativas en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, lanzaron un vigoroso programa de obras públicas para levantar una moderna infraestructura de carreteras, puentes, puertos, escuelas y edificaciones gubernamentales. En el plano educativo, impulsaron un vasto plan de instrucción pública en la zona rural (85% de la población), mejoraron los salarios de los profesores y construyeron sólidos locales escolares en los principales centros urbanos, siguiendo patrones de diseño provenientes del Sur de los Estados Unidos.

En salud pública, se esbozó un ambicioso plan, cuyas metas y regulaciones se integraron en el Código Sanitario de 1920. Se crearon la Secretaría de Sanidad y Beneficencia, el Laboratorio Nacional, escuelas de enfermería, y se construyeron dos nuevos hospitales y un leprocomio, renovándose la planta física de los cinco hospitales existentes previamente, aumentándose el número de camas disponibles de 100 a 450. El Código regulaba la práctica de la medicina, la farmacia y actividades afines, establecía medidas de control de enfermedades infectocontagiosas y campañas de vacunación, e imponía normas sanitarias para la recogida de basura y la disposición de excretas.

Instauraron un sistema de mensura catastral y registro de la propiedad inmobiliaria conocido como sistema Torrens -ya aplicado en otras latitudes- y establecieron un Tribunal Superior de Tierras, mediante la Ley de Registro de Tierras de 1920. Dando paso con ello a la regularización progresiva de los títulos de propiedad, una de las materias más conflictivas en la historia moderna del país.

Con la construcción de carreteras para enlazar troncalmente las regiones viabilizando la circulación del automóvil y la expansión de la frontera cañera en la industria azucarera, aparecería en la escena dominicana un nuevo componente que permanecería a lo largo de este siglo: el bracero haitiano. Importado masivamente por el Departamento de Obras Públicas dirigido por los oficiales americanos y por las empresas azucareras para abaratar los costos de mano de obra.

Esta fuerza de trabajo -importada en el período del boom azucarero de la Primera Guerra Mundial y de los primeros dos años de postguerra-, facilitó la sobrevivencia de la industria azucarera en su peor momento de crisis, cuando los precios se desplomaron a finales de 1920, llevando a la ruina a dueños de ingenios, colonos y comerciantes, poniendo fin a la Danza de los Millones. A lo largo de esa década su importación se incrementó, agudizándose la desnacionalización de la mano de obra en la industria azucarera y generando resentimiento nacionalista entre los dominicanos.

José del Castillo Pichardo

José del Castillo Pichardo, ensayista e historiador. Escribe sobre historia económica y cultural, elecciones, política y migraciones. Académico y consultor. Un contertulio que conversa con el tiempo.