Cesarismo ministerial

Hace 23 años, Hipólito Mejía, entonces presidente, creó por decreto la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo con el propósito de «incorporar en las políticas públicas planes, acciones, programas y proyectos (...) el enfoque de perspectiva de género a nivel nacional para la integración de la mujer en el desarrollo». Como ente articulador designó a la Secretaria de Estado de la Mujer (hoy ministerio) y mandó su formación en todas y cada una de las secretarías.

Fue también en el gobierno de Mejía cuando se elaboró el primer Plan Nacional de Equidad de Género en un proceso que reunió en un solo propósito a las organizaciones de mujeres y a las instancias públicas comprometidas con cambiar unas relaciones de poder desequilibradas en favor de los hombres.

Vendrán después numerosas políticas sectoriales, otros dos Planeg, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que transversaliza la igualdad de género, y la Constitución del 2010 que, reconociendo las desigualdades sociales, políticas y económicas entre hombres y mujeres, trazan las pautas para ir desmontando el orden patriarcal, sus violencias y desigualdades.

Frase polisémica, su paternidad es atribuida al jurista alemán Ferdinand Lasalle, pero en la sociedad dominicana resuena desde hace casi seis décadas en la voz insepulta de Joaquín Balaguer: la Constitución es un pedazo de papel. Si así es considerada la «ley de leyes», sobra decir que toda otra legislación es pavesa. Los vergonzantes discípulos balagueristas no cesan en su afán de acumular el triste mérito de que no lo olvidemos.

El convencimiento de nuestra clase política, antes y ahora, de que la Constitución y las leyes son prescindibles, permite que un ministro imponga sin riesgo sus particulares opiniones (o sus miedos, o su cobardía) y transmute en fantasmagoría la construcción laboriosa del Estado social y democrático de derecho,

Es lo que ha hecho el ministro de Salud Pública Víctor Atallah al arrogarse la potestad, haciendo gala de un autoritarismo cesáreo, de suspender las actividades formativas de del Departamento de Equidad e Igualdad de Género del ministerio a su cargo. Sin ruborizarse, pasa además por encima del literal g) del artículo 31 de la Ley General de Salud y del Plan de transversalización del enfoque de género en el Sistema Nacional de Salud (PlanTEGS II), heredado de su predecesor Daniel Rivera, todo en nombre de unos fementidos «valores» familiares y morales.

Mientras, en los cuatro primeros meses de este año, como se  ha documentado en las redes, esos «valores familiares» produjeron 186 denuncias de incesto. Toda persona relacionada con el tema (excepto las de cerebro espongiforme, que no son pocas), sabe que, por cada denuncia, nueve quedan en el silencio. Únanse a estas las 778 de «seducción de menores», una tipificación perversa que edulcora el delito de violación, y podremos hacernos una idea del arraigo social de esos «valores» tan caros al ministro Atallah.

Clotilde Parra

Aspirante a opinadora, con más miedo que vergüenza.