Tras la tragedia

La vida no se detiene, sigue su agitado curso, así que aún en proceso de cerrar heridas, corresponde iniciar las indagatorias para establecer que motivó la tragedia del Jet Set, identificar responsabilidades que permitan imponer sanciones y procurar reparaciones, y aplicar correctivos para evitar que se repita.  

Por respeto a las víctimas y a la sociedad en su conjunto la investigacion debe ser justa. Equidistante tanto de populismos como de ocultamientos, no puede tener como objetivo satisfacer el morbo y deseos de venganza de una parte de la población, pero tampoco encubrir posibles descuidos o negligencias.

También debe ser rigurosamente técnica. Para evitar el descredito producto de la desinformación interesada, las causas del desplome de ese techo deben establecerse de forma precisa y concreta. La basura informativa ya brota de todas direcciones, de gente que busca beneficiarse, de quienes montan sus defensas y de algunos que procuran monetizar la desgracia desde sus plataformas digitales o cuentas de redes sociales. 

Del mismo modo las expectativas sobre las sanciones deben ser racionales y apegadas a la legislación vigente. Pendiente de lo que resulte del informe pericial y las indagatoria que realiza el Ministerio Público, de retenerse alguna responsabilidad penal el cargo más gravoso que parece imputable sería el homicidio involuntario, castigado con un máximo de dos años de prisión correccional. Y nuestro sistema sancionatorio no contempla el cúmulo de penas. 

Algo diferente serán las reparaciones civiles, esas se anticipan inevitables. Pues de alguna forma los propietarios y administradores de ese centro de diversión tendrán que responder por las vidas que se perdieron o quedaron laceradas. Una responsabilidad que tampoco podrán eludir organismo estatales. Ya que aunque es cierto que la inexistencia de reglamentos de aplicación provoca vacíos legales, las obligaciones sobre la inspección y la seguridad de las edificaciones estan claramente consignadas en leyes y decretos, y el Estado no puede valerse como eximente de su propia falta.

Por tanto sería importante que las victimas puedan acceder a información legal adecuada, honesta y centrada en sus intereses y pretensiones. El Defensor del Pueblo y la Oficina de Atención a las Victimas deberían ofrecer asesoría jurídica gratuita, pues ya abogados oportunistas se mueven sinuosamente tratando de pescar en río revuelto aprovechando el momento de ira, indignación y vulnerabilidad de los afectados. 

Y aunque lamentablemente será después del robo, el país debe poner candados. Hay que reforzar las regulaciones sobre el mantenimiento, supervisión y vigilancia de infraestructuras y edificaciones públicas y privadas. Más allá de la tramitación de los permisos, deben someterse a inspecciones esporádicas y obligatorias. Muy particularmente aquellas donde se aglomeran personas, espacios en los cuales las garantías deben exceder las condiciones estructurales y abordar también aspectos como aforos y disposiciones, y previsiones de seguridad y preparación para emergencias. 

Porque una tragedia como la del Jet Set, ni nada similar, puede repetirse jamás.

Óscar Medina