Vicios de construcción

Recientemente, el Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC), una red independiente de organizaciones que evalúa el estado de los negocios en la construcción estimaba que el costo de la corrupción en este sector ronda el 5 % del PIB mundial, o unos USD $5.0 billones anuales, equivalente al PIB de Japón. De esto, corresponderían a países en desarrollo la cuarta parte (USD $1.26 billones), suficiente para elevar los ingresos de las 1,400 millones de personas con ingresos menores a USD $1.25 por día a ese límite de pobreza durante seis años[1].

Dado que el sector de la construcción representa aproximadamente el 13 % del PIB mundial, o unos USD $14 billones de inversiones en 2025, la ´tajada´ en el mercado global de la construcción representa un 38.5 % de su valor.

En R.D. la construcción representa un 13 % del PIB del cual es un importante motor por sus enlaces inter-industriales y la alta proporción de mano de obra que requiere. En términos de manejos presupuestarios, hace varias décadas se instituyó una comisión estándar del 10 % del valor de la obra a ingenieros y arquitectos que incluso devino en ley. Sin embargo, las construcciones de antaño solían presentar una alta calidad y durabilidad.

Pero con creciente frecuencia los ciudadanos señalan obras, tanto públicas (incluyendo escuelas) como privadas, que evidencian diseños y ejecuciones cuestionables. Esto coincide con la práctica de múltiples sub-licitaciones - de contratistas a ingenieros, a otros ingenieros, a maestros constructores - resultando en deducciones de hasta 50 % y más del valor original, lo que limita la cantidad y calidad de insumos materiales y profesionales. Esto es relevante dado que el país aún se encuentra sacudido por el siniestro del Jet Set.

Continuamente se denuncian fallos públicos en el ámbito de la permisología, la eficiencia y la transparencia; y fallos privados en la supervisión, el servicio y la contratación de personal; todo en un marco de maximización de beneficios monetarios que lleva a especular que un aspecto del milagro dominicano es que no ocurran más incidentes.

La corrupción en la construcción, materializada como una cadena de comisiones, omisiones y favores, no solo reduce la cantidad de fondos disponibles para otras construcciones y servicios necesarios, compromete gravemente la calidad de las obras realizadas, lo que arriesga la seguridad de todos.

Para colmo, los costos de los vicios de construcción resultantes suelen trasladarse al sector público. Así, por complaciente, el Estado se autoengaña a sí mismo como regulador, pero comparte cualquier costo con la población general mediante el uso de sus impuestos para sufragar repetidas reparaciones, y ahora apoyo económico a las familias de fallecidos, además de exponerle a los inconvenientes y el peligro.

Otra dimensión de riesgo a tener en cuenta: desde 2022 la Unión Europea decidió promover medidas para salvaguardar las infraestructuras críticas de ´cualquier amenaza de origen natural o humano´. Vistos los recientes apagones eléctricos, detenimientos de trenes y ciberataques, el Ministerio de Interior en España introdujo un anteproyecto de ley que extrema el control sobre los trabajadores en infraestructuras críticas. Esto refuerza la idea de que se debe llevar a una estricta selección y minuciosa supervisión del personal técnico relacionado con cualquier aspecto del sector construcción. La actividad más sólida es altamente delicada.

[1] https://giaccentre.org/the-cost-of-corruption/

Ellen Pérez Ducy

Economista Senior de firma Intelligent Economics.