Un código destinado al retraso

Este año, el conjunto de normas que rige la investigación, fiscalización y sanción de los delitos en la República Dominicana cumplió 215 años. El Código Penal francés, promulgado bajo el imperio de Napoleón Bonaparte, llegó a nuestro país con 74 años de desfase.

Cuando la República Dominicana incorporó dicho cuerpo normativo, el telégrafo era el medio de comunicación más moderno, las personas se desplazaban a caballo y el cielo nocturno se iluminaba con estrellas y jachos.

Desde hace más de 141 años, cuando el Código Penal arribó a esta isla mediana, el país ha evolucionado hasta convertirse en uno de los territorios más desarrollados de la región. Sin embargo, ese avance no ha ido a la par con la modernización de nuestro sistema de justicia penal: seguimos utilizando un código penal arcaico.

Tras décadas de debates en el Congreso Nacional, la coyuntura política sugiere que finalmente podríamos contar con una pieza legislativa más acorde a la realidad, que incorpore más de 70 nuevos tipos penales necesarios para salvaguardar el bienestar y la seguridad de los dominicanos.

No obstante, la historia parece repetirse. Nuestro nuevo código penal podría nacer ya obsoleto en lo que respecta a derechos humanos y garantías para mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Con la actual legislatura próxima a concluir, resulta prácticamente impensable que terminemos el mes con un nuevo código. Sin embargo, mi reflexión pone el acento en que, aun siendo aprobado por la Cámara de Diputados en los próximos días, la pieza legislativa parece estar condenada al retraso.

En pocos años, estaremos nuevamente debatiendo cómo modernizar una legislación que, paradójicamente, apenas será nueva. Si no tenemos el infortunio de durar 141 años más sancionado los mismos delitos.

Resulta inconcebible que nuestros legisladores, sabiendo lo que es correcto, ignoren necesidades fundamentales como la despenalización del aborto en tres situaciones profundamente trágicas.

2,177 seducciones a menores y 538 casos de incesto registró la Procuraduría General de la República (PGR) en 2024. El X Censo Nacional de Población y Vivienda del país reveló que 19,138 adolescentes (entre 12 y 19 años), tuvieron al menos un hijo nacido vivo entre 2021 y 2022, de las cuales 334 niñas (de 12 a 14), reportó haber tenido dos hijos y 155 (de 15 a 19) cuatro hijos.

Ocupamos los primeros lugares en embarazos adolescentes y, sin embargo, aquí no se hace nada. No hay educación sexual en las escuelas porque los sectores conservadores se oponen, pero tampoco se le permite a las jóvenes decidir sobre su futuro después de haber sido víctimas de abuso. Ser "provida" sin preocuparse por el bienestar posterior de la criatura, su dignidad, las condiciones en que vivirá, su salud y la de su madre, la voluntad de la progenitora de gestar —proceso que la marcará para siempre—, ni la de quienes asumirán la crianza, es una forma de hipocresía. Yo lo llamo, con propiedad, ser proparto.

Volviendo al tema, estas cifras, lejos de escandalizar a quienes tienen la responsabilidad de legislar por el bien colectivo, sigue perpetuando la tendencia de mantener en la clandestinidad el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos.

La doble moral que impera en nuestro país solo refuerza las brechas entre clases sociales. Porque, no nos engañemos: esta medida solo hará que mujeres y niñas pobres sigan recurriendo a "brebajes" y prácticas riesgosas, mientras que las más privilegiadas toman un avión y regresan sin contratiempos.

Quizás algunos consideren que las tres causales no justifican frenar la aprobación de una reforma tan necesaria como la del Código Penal. Pero cuesta creer que, tras siglos con la misma normativa, aún no seamos capaces de ajustarla a una realidad que salta a la vista en cada sala de maternidad del país.

¡Qué circo!, grito por dentro, al escuchar a legisladores con argumentos tan obsoletos como el propio código que pretenden defender. Resulta vergonzoso oírlos justificar las agresiones sexuales contra menores y promover la vulneración de derechos fundamentales. Aunque, francamente, no sorprende viniendo de un Congreso que, hasta hace poco, permitía el matrimonio infantil.

Jesús Vásquez

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Joven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.