La calidad del gasto

Agentes económicos y técnicos de prestigio vienen advirtiendo sobre distorsiones que afectan el gasto público. Como los escasos ingresos fiscales en contraste con el excesivo gasto tributario y el elevado gasto corriente que devora la inversión pública. Problemas que sólo se corrigen a partir de dos abordajes, o se aumentan los ingresos o se reducen los gastos.

Aumentar de forma importante los ingresos luce complicado. Al menos de momento, pues aunque existe la posibilidad de retomar la discusión sobre la necesaria reforma fiscal, aún se encuentra lejos ese consenso social que el Presidente Abinader pretende alcanzar antes de colocar nuevamente el tema en el debate nacional.

Por consiguiente la atención se coloca sobre los gastos. En particular en las enormes partidas que se destinan al asistencialismo, y como en su mayoría no constituyen un gasto de calidad.

A modo de ejemplo las subvenciones a los precios de los combustibles y la factura eléctrica, para las que el Estado dispone de unos sesenta mil millones de pesos anuales, y que por tratarse de subsidios generalizados, aunque beneficia segmentos sociales vulnerables, la mayor parte termina favoreciendo a quienes no lo necesitan.

A ojo de buen cubero, cerca del setenta por ciento del consumo de electricidad en las zonas servidas por las edes lo realizan grandes superficies comerciales, hoteles, restaurantes y complejos industriales y empresariales, así como torres de apartamentos y residencias lujosas. Lo demás, el menudo, se consume en barrios de clases media y baja o carenciados. Pero todas las tarifas reciben algún grado de subsidio.

Lo mismo ocurre con los combustibles. Sin distinción alguna se subsidia la gasolina y el gas licuado de petróleo que consumen el vehículo de alta gama y la villa campestre del acaudalado, como la motocicleta y el gas de la estufa del desdichado.

Por tanto no es la mitad de la población que recibe subsidios, es mucho peor, es la totalidad del habitante de esta media isla que es objeto de algún tipo de asistencia a cuenta y costo del contribuyente. Y eso es un gasto de pésima calidad. Ya que cualquier tipo subsidio se debe otorgar de forma focalizada, para que sólo lo reciban quienes realmente lo necesiten.

Igual sucede con las transferencias sociales. Nada malo tiene combatir la pobreza con bonos que permitan satisfacer necesidades básicas de alimentación, educación y salud. Pero esas políticas no deben crear círculos parasitarios. Para mejorar la eficacia de esas ayudas se deben establecer condicionantes que promuevan la movilidad social a través de la formación y el emprendimiento.

Mismo criterio que debe aplicar para los incentivos, exenciones y beneficios fiscales. No es cortarlos todos de golpe como pretendía la reforma del pasado año. Pero el gobierno debe escrutarlos con detenimiento, y vía administrativa autorizar sólo aquellas exenciones necesarias para mantener la competitividad en algún sector productivo, y las que presenten un retorno económico o social equiparable al sacrificio tributario.

El gobierno tiene formas de mejorar su delicada situación presupuestaria, basta con aplicar en el gasto publico una dosis de racionalidad acompañada del menos común de los sentidos. 

Óscar Medina