La nueva cédula

A raíz de cuestionamientos realizados por sectores de la sociedad al plan de implementación de un nuevo documento de identidad, la Junta Central Electoral ofreció detalles sobre el proyecto y los beneficios que entiende ofrecerá a la ciudadanía y al sistema democrático. 

En cuanto a la adjudicación del contrato, la Junta informó que atendiendo al debido proceso y el derecho de defensa de los oferentes, decidió posponer la apertura de las ofertas económicas hasta tanto quede resuelta una impugnación presentada a la evaluación de las ofertas técnicas por uno de los consorcios que no superó las valoraciones del Comité de Compras y Contrataciones. Un procedimiento normal que en modo alguno implica la presencia de irregularidades.

Sobre los motivos para el cambio de cédula, el más importante es el relativo a la seguridad. La Junta informó algo que tal vez se desconocía, y es que a pesar de que al momento de adquirir los equipos actualmente en uso estos contenían tecnología de punta y sólo eran vendidos a gobiernos, una decada después, además de que se encuentran obsoletos se consiguen en mercados secundarios, por lo que falsificar y alterar el documento resulta relativamente fácil. 

Pero también la nueva cédula contendrá dispositivos de seguridad que permitirán combatir con mayor efectividad la suplantación de identidad para cometer estafas, falsificaciones y otros ciberdelitos. Como un chip criptográfico que almacenará datos biométricos del ciudadano para garantizar su integridad y aumentar la confiabilidad para las firmas y los certificados digitales.

Un elemento a resaltar es que este proceso provocó una depuración del Registro Civil, y que en la actualidad se validan casi tres millones de actas de nacimiento asociadas al documento de identidad. Por lo que el cambio de la cédula impactará en la robustez del registro de la identidad nacional.

Una depuración que también deberá alcanzar los padrones de los partidos políticos, lo que junto al incremento de la integridad en la información de los electores, facilitará un arbitraje más efectivo de sus procesos internos. Pero sobre todo colocará al organismo comicial en mejores condiciones para organizar el complejo y retador proceso electoral del año treinta y dos, cuando se votará de manera simultánea en siete niveles, tres de ellos plurinominales.

No menos importante es que con independencia de virtudes, defectos, criticas o alabanzas, prevalece una realidad incontestable, y es que los dominicanos cargamos en los bolsillos una cédula material y legalmente vencida, sin posibilidad de prolongar su validez y con contratos de suministros de plásticos y otros materiales caducos desde hace más de dos años.  

De ahí que los fondos destinados a la implementación de la Cédula de Identidad y Electoral no constituyen un gasto, son una inversión que además de inaplazable va en beneficio de la identidad nacional, la democracia y la sociedad en su conjunto. Y la responsabilidad de la Junta Central Electoral es continuar abierta a ofrecer explicaciones ante cualquier observación o crítica que puedan surgir en este o cualquier otro punto del proceso.

Óscar Medina