El secuestro de una ley

Cerca de sesenta días han transcurrido desde que el Senado de la República aprobó en segunda lectura la ley sobre la gestión integral y coprocesamiento de los residuos sólidos, pero Ricardo De los Santos decidió saltarse su propio reglamento que le obligaba a remitir ese proyecto al Ejecutivo en un plazo no mayor de diez días, y esta es la hora que continúa durmiendo el sueño de los justos en una de las gavetas del despacho del presidente de la Cámara Alta.

Una grosera falta de respeto a sus compañeros congresistas que trabajaron, votaron y aprobaron esa ley, pero además un atentado a la seguridad jurídica que hoy afecta capitales e iniciativas privadas convocados a invertir en facilidades para la disposición final de los residuos sólidos, pero que mañana puede afectar a cualquiera. 

Y sobre todas las cosas constituye una burla al estado social de derechos que como país proclamamos, pues se trata de una afrenta que golpea la democracia y la institucionalidad. No tiene sentido los pesos y contrapesos, la separación de poderes y hasta la misma existencia del Congreso, si el presidente de un cuerpo parlamentario puede retener una ley aprobada por ambas cámaras por el tiempo que le parezca sin ofrecer explicaciones ni recibir algún tipo de sanción regulatoria. De nada vale el trabajo de comisiones o el voto de ciento noventa diputados y treinta y dos senadores, si basta que a una persona le venga en ganas obstruir el procedimiento para completar la aprobación y entrada en vigor de una legislación. 

Se han externado muchas críticas sobre el proyecto aprobado, y puede que ciertamente existan aspectos que tal vez deberían ser revisados. Pero resulta imposible hacerlo si la ley no continua el curso que establece la Constitución.

Aunque el Presidente de la República no lo ha recibido y por tanto "oficialmente" no conoce su contenido, ya ha dicho que la observará. Lo que no sólo se encuentra dentro de sus facultades, sino que permitiría retomar las discusiones para hacer las correcciones que reclaman algunos sectores y mejorar lo que se aprobó. Pero no puede hacerlo hasta que el presidente del Senado la envíe. Y ya Abinader le tiró a De Los Santos el muerto, cuando en uno de sus encuentros semanales con la prensa dijo que la estaba esperando. 

En República Dominicana el manejo y la disposición final de los residuos sólidos no se corresponden con el nivel de desarrollo económico y humano que muestran las cifras de organismos nacionales y multilaterales. Ya que aquí los botaderos de basura al aire libre nacen, crecen y se reproducen por doquier, lo que constituye un enorme pasivo medioambiental y un grave problema que es urgente abordar.

Hace años se eligió un camino con la participación del sector privado, y donde se implementó demostró que funciona adecuadamente. Pero para expandirlo en todo el territorio nacional ese modelo debe ser autosostenible, tanto para el fideicomiso como para los inversionistas, las alcaldías y los distritos municipales.

Y si bien para ello hace falta plata, tanto o más se necesita de responsabilidad, valentía y determinación de la clase dirigente. Exactamente lo opuesto que exhiben ante la vagabundería del secuestro vulgar al que tienen sometida esta ley.

Óscar Medina