La lucha anticorrupción

Los esfuerzos por independizar y despolitizar la justicia, iniciados con el Pacto por la Democracia que puso fin a la crisis poselectoral de 1994, han seguido un camino que, en indeseables ocasiones, se ha desviado por los atajos de una imaginería discursiva que, contrario al declarado propósito, llena de baches su credibilidad.

En aquel momento político crucial provocado por el fraude que arrebató la presidencia a Peña Gómez, el PRD jugó un papel estelar en la reforma constitucional que redujo el poder presidencial sobre la justicia. Heredero de esta conquista, el presidente Abinader tomó en 2024 la iniciativa de «blindar» en la Constitución la independencia del Ministerio Público mediante, entre otras cosas, la elección del procurador general por el Consejo Nacional de la Magistratura y su exclusión de este organismo.

Es decir, en términos formales, la autonomía política del MP está garantizada. Pero establecer un vínculo automático de causalidad entre la letra jurídica y la neutralidad de este órgano es, por lo menos, reduccionista.

Un hecho que alimenta las dudas sobre la despolitización, que no independencia, del Ministerio Público es la selectividad y vehemencia en los aprestos para llevar ante los tribunales a los acusados de defraudar al Estado.

Basta un botón de muestra: en noviembre pasado, el gobierno solicitó investigar la corrupción detectada en Senasa (Hazim dijo el miércoles haber hecho lo mismo en la misma fecha), que varios reportajes periodísticos convirtieron en escándalo a principios de este mes. Es decir, entre una cosa y otra han transcurrido diez meses. 

Sin mucho temor al yerro, puede pensarse que, al pedir la investigación, el gobierno puso en manos del MP indicios consistentes que debieron mover de inmediato la acción pública.  Al contrario: como si estuviera en Babia, y en una decisión que El Espía de Diario Libre calificó de «nueva forma de investigar los actos de corrupción desde el Estado», la actual cabeza de la Pepca Mirna Ortiz, requirió a Nuria Piera los programas emitidos sobre el caso, considerándolos plausibles como «medios de prueba durante una investigación penal». Esto a escasos tres días de que el gobierno, además de su anterior solicitud y provisión de indicios, entregara a la Procuraduría un detallado informe sobre «las graves irregularidades» encontradas en Senasa.

Cuándo actuará el MP contra los sospechosos de corrupción en la ARS pública no es predecible. Pero es evidente que esta dilación contrasta, por ejemplo, con los menos de cuatro meses que el órgano persecutor, instalado en agosto del 2020, tardó en instrumentar un expediente de 3,445 páginas y en apresar a Alexis Medina, recientemente condenado a siete años de cárcel, y demás pulpos peledeístas asociados.

Entendidos en estos asuntos hablan de lawfare, anglicismo que designa la judicialización de la política para dañar a los oponentes. No creo que tengan razón. La lucha contra la corrupción debe buscar el resarcimiento del Estado, que somos todos, sin parar mientes en la condición social o política del acusado.

Lo que sí inquieta es la disparidad en los énfasis persecutores. No por ánimo de vendetta, casi siempre circense, sino porque, para que sigamos creyendo en la sinceridad de la lucha anticorrupción, la Justicia debe ser celosa del equilibrio de su balanza.

Clotilde Parra

Aspirante a opinadora, con más miedo que vergüenza.