Una carta para reflexionar

La carta de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, dirigida a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en respuesta a las motivaciones para declararla como no idónea para continuar como jueza del Supremo, debería llamar a la reflexión a los que "evalúan" y eligen jueces, a quienes diseñan y ejecutan políticas públicas y al conjunto de la sociedad.

Es un documento de protesta, valiente y tenaz, con el cual la magistrada denuncia una campaña de descrédito similar a la que en su momento se orquestó en contra de Miriam Germán Brito, a la que da de frente desmontando con argumentos contundentes los tres motivos básicos aducidos por el Consejo para no ratificarla.

Inicia demostrando una escandalosa falta de coherencia de los consejeros y, en particular, del presidente del Tribunal Constitucional, quien antes de ocupar esa posición y un asiento en el Consejo fue miembro en la Suprema de la misma sala que encabeza Jiménez Ortiz. En esa condición, Napoleón Estévez Lavandier fue quien propuso y motivó la idea de posponer la aplicación de la ley sobre recursos de casación en materia civil y comercial, una de las supuestas faltas que se utilizan para determinar que no es apta para continuar en esa posición.

Más adelante, se refiere a la supuesta deficiencia en la relación entre calidad y cantidad en las sentencias emitidas por la corte que dirige, argumento con que pretenden demeritar el hecho de que, en su presidencia, la mora judicial desapareció de la Sala Civil y Comercial de la Suprema. Ante esto, la defenestrada magistrada no solo expuso la arbitrariedad con que los consejeros llegaron a esa conclusión, sino que apeló nuevamente a la incoherencia en sus actuaciones, reiterando que el actual presidente del TC fue miembro de esa sala colegiada, y por tanto, la mayoría de esas sentencias que cuestionan también pasaron por sus manos, fueron objeto de su estudio y cuentan con su firma. Lo que no produjo reparos sobre sus competencias ni fue óbice para que en diciembre del veintitrés fuera seleccionado para presidir el Tribunal Constitucional.

El último aspecto fue relativo a las demandas en suspensión de ejecución de sentencias en los procesos de casación, punto en el cual la jueza demostró con una destreza pedagógica la forma subjetiva, sin métrica e inmotivada con que actuaron los consejeros para llegar a la conclusión de que fue la responsable de supuestos retrasos en la solución de esos recursos.

La magistrada se equivoca al recurrir al recurso del género, un factor que no se encuentra presente en este caso. A Pilar Jiménez Ortiz no la apartan de la Suprema por ser mujer, y ella lo sabe. Como tampoco cabe la hiperbolización de sus consecuencias, ya que si bien esta decisión no contribuye a fortalecer la institucionalidad e independencia del Poder Judicial, no es cierto que marque el camino hacia la destrucción y el colapso del Estado de derecho y la democracia.

Pues la verdad es que ese mismo poder político que la magistrada acusa de operar en su salida de la SCJ es el mismo que hace siete años facilitó su ingreso. Por tanto, corresponde ir al diseño constitucional y corregir el fondo, para en el futuro ahorrarnos estas penosas malas formas.

Óscar Medina