Si, hay silencios que duelen

Tiene razón la diputada Millys Martínez: el silencio de la ministra de Interior Faride Raful duele profundamente. Pero duele desde antes de que, atropellando su cargo y su persona, la Policía la esposara.  

Su silencio duele desde que, olvidados antiguos fervores reivindicativos, decidiera convertirse en la convidada de piedra de la sangrienta orgía policial a la que asistimos. Ni una palabra, ni un gesto. Ni el más leve rubor por defraudar a quienes, creyendo en su coherencia, pusieron su grano de arena en su pedestal político.

No contemos los de un tiempo muy largo, sino los de los últimos cuarenta y cinco días. En este lapso, la Policía ha ejecutado a setenta individuos acusados de delinquir; en cada caso, aparece la mentira del «intercambio de disparos» con la que se burla del orden constitucional y jurídico.

Como si quisiera llevarnos con ella a un mundo paralelo, Faride Raful habla incontinentemente de los progresos de una fementida reforma policial, y niega que las ejecuciones policiales sean política de Estado. De su sombrero de birlibirloque saca la mención de decretos que «consolidan» el proceso reformador, priorizan «la preservación de los derechos humanos», y obligan al uso proporcional de la fuerza.

Si las ejecuciones extrajudiciales no son política de Estado, habría que preguntarse, entonces, qué oculto poder concede a la Policía la prerrogativa de violar sin consecuencias el artículo 37 de la Constitución sobre el derecho a la vida, que prohíbe taxativamente la aplicación en ningún caso de la pena de muerte, y el artículo 69 que manda a respetar la presunción de inocencia. 

Pero no solo eso. Las leyes subordinan política, administrativa y operativamente a la institución policial al Ministerio de Interior y Policía, responsable del diseño y ejecución de las políticas de seguridad ciudadana. Si frente a las prácticas policiales que contradicen todo lo que huela a garantía de derechos humanos y procesales la ministra calla, no es conspiranoico pensar que les otorga su anuencia.

Es esta anuencia, configurada por su silencio y evasivas, la que pone frente a los ojos de la opinión pública la nuda realidad: el Estado, y ella con él, está convencido de que el delito –pero solo el cometido por los más pobres– tiene a la muerte como única e inapelable sentencia. Frente a las ejecuciones cotidianas sin justificación alguna y sin sanción, el discurso ministerial se impregna de cinismo.

El 10 de noviembre de 2018, Faride Raful publicó en la red entonces llamada Twitter, una radical condena al asesinato de un presunto delincuente por una patrulla policial. Alguien respondió que el abatido disparó primero, iniciándose una confrontación de pareceres con varios intervinientes.

De las muchas respuestas de Faride Raful, rescato estas:

«Nadie defiende a nadie. Se defienden los procesos y la ley. Porque un policía me diga que usted es culpable, yo no puedo condenarlo hasta no ver las evidencias. Y eso lo hace la justicia. La Policía NO tiene licencia para matar y menos en esas circunstancias».

«Una cosa no justifica la otra si vivimos en un “estado de derecho” o si queremos ser un país que garantice derechos a todos. (...) La autoridad está para protegernos y llevar a la justicia a los culpables. No para ejecutarnos. O volvemos a la ley del Talión»

Eran otros tiempos. Era otra la que hablaba. Otra que ya no existe.

Clotilde Parra

Aspirante a opinadora, con más miedo que vergüenza.