Una sentencia que ordena el debate

Es entendible la sensibilidad que ha despertado la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que despenaliza las relaciones entre personas del mismo sexo dentro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Durante décadas, ese tema permaneció en un territorio de silencios, prejuicios y regulaciones heredadas. Pero lo que ha hecho el TC, en estricto apego al texto constitucional, es colocar a quienes visten uniforme en el mismo nivel de derechos fundamentales que a cualquier ciudadano. Nada más, nada menos.

Conviene recordar algo esencial: la moral religiosa pertenece al ámbito de lo privado. Merece respeto, como toda convicción íntima. Pero en una democracia, la preferencia sexual de un ciudadano —uniformado o no— no puede ser objeto de sanción mientras no infrinja la ley ni busque provocar escándalo deliberado. Las instituciones responden a la Constitución, no a dogmas, y el orden público se sostiene en normas generales.

La práctica religiosa es electiva; la obediencia a la ley, obligatoria. En ese equilibrio se juega la salud de un Estado moderno. La sentencia del TC no impone ni favorece conductas sexuales, tampoco modifica estándares disciplinarios. Simplemente recuerda que la dignidad humana no admite excepciones. Quizá sea el momento de que el debate público también responda a esa altura.

Diario Libre

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