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Garantías, no privilegios

Rechazo a prisión preventiva reafirma el principio de legalidad

La decisión de rechazar la prisión preventiva para los imputados en el caso Jet Set no debe verse como un acto de favoritismo, sino como una afirmación del principio de legalidad y del debido proceso, pilares de toda democracia funcional. La jueza valoró con criterio jurídico —no con reflejos emocionales ni presiones mediáticas— que existían medidas menos gravosas para garantizar la comparecencia de los encartados, quienes ahora deberán cumplir con una fianza millonaria, impedimento de salida y presentación periódica.

La prisión preventiva no es un castigo anticipado ni debe aplicarse como respuesta automática a la gravedad de un hecho. Es una medida excepcional, no la regla. En este caso, la defensa presentó una batería de pruebas que acreditaban arraigo, colaboración y voluntad de enfrentar el proceso.

Confundir garantías procesales con privilegios sociales es una forma sutil de erosionar la justicia. La sociedad tiene derecho a exigir sanciones si se confirma una responsabilidad penal, pero también debe saber reconocer cuando las instituciones actúan con madurez, aunque la decisión no alimente el morbo público.

El proceso apenas comienza. Los imputados tendrán que responder ante la ley. Pero hacerlo en libertad, cuando así lo permite la ley, también es una forma de justicia.

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