El debido proceso
La jueza Veloz fundamentó su decisión en el principio de legalidad penal
Diario Libre
La decisión de la jueza Fátima Veloz de imponer medidas de coerción no privativas de libertad a los imputados por la tragedia del Jet Set ha generado una ola de reacciones.
Pero más allá del debate emocional, esta resolución obliga a mirar de frente el marco jurídico que rige nuestro proceso penal y el papel que jueces y fiscales deben desempeñar.
La jueza Veloz fundamentó su decisión en el principio de legalidad penal, consagrado en el artículo 40.14 de la Constitución y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En su resolución, dejó claro que la medida de coerción no es una sanción anticipada, sino una herramienta cautelar para garantizar la sujeción del imputado al proceso.
El caso Jet Set ha puesto a prueba la madurez institucional del país. La presión mediática y el dolor colectivo no pueden sustituir el análisis jurídico.
Si se quiere una justicia más eficaz, el camino no es debilitar el debido proceso, sino reformar el marco legal para que esté a la altura de los tiempos. Porque en democracia, la justicia no se mide por la severidad de la coerción, sino por la fidelidad al derecho y la verdad.
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