Barbaridad legislativa

El proyecto de ley que propone imponer obligatoriamente el coprocesamiento en la industria cementera es una medida irresponsable e imprudente.

Pretender, por decreto, obligar a las empresas a utilizar residuos como combustible sin contar con las condiciones técnicas adecuadas, infraestructura especializada y control ambiental efectivo es arbitrario, y también potencialmente peligroso.

Obligar a las cementeras a asumir una carga que corresponde al Estado y a las municipalidades en materia de gestión de residuos es desviar las responsabilidades, sin ofrecer garantías de supervisión ni recursos para implementarlo correctamente.

La improvisación regulatoria contenida en ese proyecto  atenta contra la salud pública y el medio ambiente al no considerar exhaustivamente los riesgos de emisiones, tratamiento de residuos peligrosos y manejo de subproductos.

El coprocesamiento es una herramienta válida dentro de un marco de economía circular, pero sólo si se aplica de forma voluntaria, paulatina, bajo criterios técnicos rigurosos y con participación de todos los sectores involucrados.

Transformar una medida opcional en obligación sin consenso ni estudios sólidos, sólo genera incertidumbre y desconfianza en el sector industrial, desestimula la inversión y premia el atajo regulatorio por encima de la planificación estratégica.

Condenamos el intento de imponer esta obligación sin condiciones. La verdadera protección ambiental exige diálogo, evidencia técnica, inversión y responsabilidad compartida, no imposiciones que ponen en riesgo la competitividad de las empresas y la seguridad de la ciudadanía.

Diario Libre

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