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Evaluación ¿real? de los jueces

Casos como los de Miriam Germán y Esther Angelán evidencian los riesgos del sistema

La llamada "evaluación de los jueces" cada siete años es, en apariencia, un mecanismo de control democrático sobre la Suprema Corte de Justicia. En la práctica, se ha convertido en un recurso urgido de reconsideración. Inconcebible que el  Consejo Nacional de la Magistratura pueda separar a un juez, aunque no haya cometido falta alguna. Basta con que no "convenza" en la evaluación, un juicio cargado de subjetividades.  En el pasado, con ese ariete empujaron fuera a juezas del calibre de Miriam Germán y Esther Angelán.

La Constitución habla de desempeño, idoneidad y confianza pública. La ley ordena que la decisión sea motivada. Empero, en la vida real los criterios se diluyen entre simpatías, presiones políticas y negociaciones partidarias. El riesgo es obvio: la toga deja de proteger al juez, que empieza a medir sus fallos con el termómetro de su futuro. ¿Quién juzga con independencia si sabe que dentro de siete años lo sopesarán bajo criterios difusos?

¿Blindar a los jueces de todo control? No,  pero sí  preservar la esencia misma de la justicia: la independencia. Si la evaluación se convierte en espada de Damocles, lo que debiera ser un ejercicio de transparencia termina como mecanismo de presión. De la presión a la docilidad hay un solo paso.

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