República Dominicana ante el próximo gobierno de Estados Unidos

Con excepción de México, se puede argumentar que la República Dominicana tiene la relación más fuerte y estrecha con Estados Unidos entre los países de América Latina y el Caribe, la cual se manifiesta en múltiples dimensiones: comercio, inversión, turismo, migración y, no menos importante, béisbol. Existe, también, una relación política importante en el contexto de Centroamérica y el Caribe, siendo el nuestro un país que ha logrado encauzarse, durante las últimas cuatro o cinco décadas, por el camino de la estabilidad y la gobernabilidad democrática luego de una historia marcada por el autoritarismo y la violencia política.

En la antesala del segundo período de gobierno del presiente Donald Trump, hay una interrogante abierta en cuanto a si esta nueva administración será positiva o negativa para esta relación, la que sólo el paso del tiempo podrá responder. No obstante, en su campaña electoral el candidato republicano hizo promesas de diferentes tipos, algunas de la cuales, si llegan a implementarse, podrían impactar negativamente a la República Dominicana, aunque también se perfilan oportunidades que podrían aprovecharse.

Uno de los planteamientos de política económica que más destacó Trump en su campaña electoral fue la de incrementar los aranceles a todas las importaciones hasta un 20%, con aumentos mayores para países como China y México con los cuales Estados Unidos tiene los déficits comerciales más altos. Se trata de una política proteccionista que se sustenta en la creencia de que esa es la mejor forma de promover la capacidad productiva nacional.

Esta propuesta tiene una importancia capital para la República Dominicana, ya que la relación comercial más importante que tiene nuestro país es, por mucho, con Estados Unidos. Durante décadas, la República Dominicana se benefició, junto a otros países de Centroamérica y el Caribe, de un acceso preferencial al mercado estadounidense a través, primero, del Sistema Generalizado de Preferencias y, luego, de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe en sus diferentes fases: el Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA, 1984) y el Caribbean Basin Trade Partnership Act (CBTPA, o "paridad textil" con México, 2000). Ese acceso preferencial a ese gran mercado, sin exigir el mismo tratamiento a cambio, permitió el desarrollo de las zonas francas industriales, así como de otros sectores productivos.

Más adelante, durante la presidencia de George W. Bush, con un congreso dominado por el Partido Republicano, el Gobierno de Estados Unidos planteó un cambio de enfoque al exigir "reciprocidad" de parte de sus socios comerciales, lo que dio lugar, para los países de Centroamérica y República Dominicana, al denominado DR-CAFTA, que se adoptó en 2004 y entró en efecto en 2007. En aquella ocasión, el presidente Hipólito Mejía tomó la correcta y valiente decisión de entrar en ese tratado comercial a pesar de la resistencia de diferentes sectores en el país, decisión que continuó respaldando como política de Estado el presidente Leonel Fernández en cuyo mandato se ratificó dicho instrumento comercial. De no haber sido por la entrada al DR-CAFTA, la República Dominicana estaría en estos momentos en un estado de incertidumbre porque carecería de un vínculo jurídico estable con su principal socio comercial, ya que actualmente no hay ambiente político en Estados Unidos para seguir ofreciendo esquemas comerciales preferenciales.

El comercio bilateral entre Estados Unidos y República Dominicana en 2022 fue de aproximadamente 20,550 millones de dólares con un superávit comercial favorable al primero de aproximadamente 6,710 millones de dólares. De hecho, la República Dominicana tiene el mayor volumen de comercio bilateral con Estados Unidos entre los países de Centroamérica y el Caribe, a la vez que oscila entre el quinto y el sexto lugar en toda la región latinoamericana y caribeña. Por demás, Estados Unidos tiene, en conjunto, un balance comercial favorable con los países del DR-CAFTA, aunque con Costa Rica y Nicaragua la relación es deficitaria, por lo que no tendría sentido que Trump imponga una política punitiva en materia arancelaria contra nuestros países.

En lo que respecta a la migración, se estima que hay alrededor de un millón quinientos mil dominicanos en Estados Unidos, quienes generan la gran parte de los diez mil millones de dólares o algo más que nuestro país recibe anualmente en remesas. Esto equivale a tener, en cuanto a generación de divisas, un segundo sector turismo del mismo tamaño que el existente. A diferencia de los nacionales de otros países de nuestro entorno regional, los dominicanos gozan de una altísima tasa de regularización migratoria en Estados Unidos gracias a la política de "reunificación familiar" que ha estado vigente en Estados Unidos durante décadas. Además de prometer deportar a millones de migrantes irregulares, el presidente electo Trump ha dicho que desea eliminar la referida política que tanto ha beneficiado a los dominicanos, por lo que está por verse qué impacto este cambio de política, si es que se produce, podría tener para nuestro país.

Además de comercio y remesas, Estados Unidos es la principal fuente de inversión extranjera y de turistas hacia la República Dominicana. No hay razones para pensar que tal cosa pueda cambiar, pues somos un país estable y con un marco constitucional y legal que otorga seguridad e igualdad de trato a la inversión extranjera, aunque hay aspectos institucionales que requieren ser fortalecidos. Más aún, con la política de nearshoring que propicia actualmente el Gobierno estadounidense, la cual seguro va a continuar con la nueva Administración, se abren oportunidades para aumentar la capacidad exportadora de la República Dominicana hacia Estados Unidos, pues no es cierto que ese país podrá absorber toda la producción que el próximo presidente desea que se mueva desde China y otros países hacia Estados Unidos.

En lo que respecta a la cuestión haitiana, hay quienes piensan que Trump es más favorable para el país debido a que su gobierno no hará presión en materia de derechos humanos, lo que hay que esperar a ver si efectivamente será así. Sin embargo, queda la incógnita en cuanto a qué hará la Administración Trump con relación a Haití, esto es, si continuará apoyando o no la Misión de Apoyo a la Seguridad de Haití liderada por Kenia, lo cual es lo mínimo que la comunidad internacional puede hacer para lograr algo de estabilidad y seguridad en ese país. China y Rusia acaban de vetar que dicha misión se convierta en una fuerza de paz clásica de cascos azules, lo cual cuenta con el respaldo de los gobiernos de Haití y de República Dominicana.

Igualmente, hay otros temas en la agenda política regional sobre los cuales el nuevo Gobierno estadounidense adoptará líneas de acción que, de una manera u otra, impactarán a la República Dominicana, pero es prematuro para hacer análisis y proyecciones sobre esta cuestión, pues si algo estuvo ausente en la campaña electoral de Estados Unidos fue, precisamente, el tema de la relación de ese país con América Latina y el Caribe. En la medida en que se vaya definiendo quiénes estarán a cargo de nuestra región en el Consejo de Seguridad Nacional y en el Departamento de Estado se podrá conocer mejor la orientación que tendrá la política estadounidense hacia nuestra región, aunque es de esperar que, con un secretario de Estado cubanoamericano, habrá un interés particular por América Latina y el Caribe en el quehacer cotidiano de la diplomacia estadounidense.

Flavio Darío Espinal

Abogado y profesor de Derecho Constitucional de la PUCMM. Es egresado de la Escuela de Derecho de esta universidad, con una maestría de la Universidad de Essex, Inglaterra, y un doctorado de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Socio gerente FDE Legal.