La mafia migratoria

Con el negocio migratorio hemos sido más que ingenuos. Cuando a finales de septiembre del año pasado el presidente Abinader designa al vicealmirante Lee Ballester (ARD) como nuevo director de Migración y luego anuncia el programa de deportaciones masivas, se creyó que la historia se iba a contar de otra manera. El relato hoy se repite, quizás con un poco más de aparatosidad. Y no porque el comandante no haya sido asertivo, sino porque el problema es grande y lo excede. La buena intención no es suficiente cuando las redes bajo su mando siguen dominadas por mafias.

 Se "dice" —porque en esto vale no ser confiado— que el año pasado fueron repatriados cerca de 276,000 haitianos irregulares y en lo que va de este casi suman 20,000.  Los datos no son verosímiles porque los operativos son difusos.

Lo cierto es que los haitianos que negocian su permanencia pueden ser más que los que regresan a su nación. Y es aquí donde se impone el negocio extorsivo, ese que genera un flujo incuantificable de ingresos. De ahí que, frente a la cantidad de haitianos que se quedan, los operativos de los que se repatrian lucen como pantomimas.  Es vender la ilusión de rebosar un tanque desfondado. Así, la cuestión no son los haitianos que salen, sino los que vuelven o los que pagan para quedarse. ¿Quién los controla? ¿Quién los cuenta?

Y no se trata de denuncias errantes. Es un desfachatado negocio concertado con muy pocos disimulos. En Punta Cana, Bávaro, Verón y Friusa las transacciones exhiben las modalidades más diversas. Así, los operativos cursan distintos canales de negociación —esos que se abren en el mismo teatro de los apresamientos o en lugares intermedios en la ruta del destierro— donde los inmigrantes son "dejados" después de haber pagado la exacción. Las tarifas andan entre los catorce y diecisiete mil pesos per cápita. En el caso de la costa este esos costes aumentan por jurisdicción: Verón, Friusa y Benerito (Bayahíbe).

Los haitianos están tan hastiados del acoso que algunos optan por la salida voluntaria. Sus ingresos a veces no cubren los pagos de los recurrentes sobornos. Antes, estos extranjeros se reservaban, por temor, las denuncias; ahora las ofrecen abiertamente. Ya no le tienen temor a la DGM; le perdieron el respeto como autoridad y no en pocas veces la enfrentan.

Se cuenta así el testimonio de haitianos en condición migratoria irregular que han sido apresados entre dos y cinco ocasiones, pero devueltos después de pagar unas cargas cada vez más onerosas. Otros dicen que son advertidos de supuestos operativos, en cuyo caso la tarifa es más económica, sobre todo cuando resultan en falsas alarmas.  

En Punta Cana no hay nadie que no sepa lo que se mueve. Y es que el "problema" de las deportaciones compromete ante todo intereses empresariales. Construcción, hotelería, servicios de limpieza, jardinería y ornato, entre otros, dependen de haitianos. Aquí suceden dos cosas: ciertos autobuses no son tocados por razones de influencia o marca corporativa de grandes empresas de la zona; otros tampoco, porque sus empresas, menos ascendentes, negocian tratos tolerantes con la DGM o con despachos claves del Gobierno.

Es más, muchos empresarios locales, conscientes de la ineficiencia de estos operativos, prefieren pagar "la tasa migratoria" y descontarlas del sueldo antes que coordinar esfuerzos para prescindir de la contratación laboral irregular.  Saben que, si unos los hacen, los otros no, y queda al menos a favor del Gobierno la apariencia de que trabaja en contra de la inmigración ilegal.

Es penoso negociar con la dignidad de la gente, sobre todo con aquella que, como muchos dominicanos, buscan en otros países horizontes negados; pero también es un vil engaño a una nación que ha confiado en una autoridad para que ejerza en su nombre el derecho a la soberanía, cuando en realidad lo que está es haciendo ricos a unos cuantos. Reto a quien sea a que me desmienta y vayamos al teatro de las grandes operaciones.

Creo, sin ser experto, que estos operativos parten de una premisa errada: quien los ejecuta también los controla, asumiendo la condición de juez y parte. Estimo que deberían suceder ciertas cosas para mejorar: a) que se establezca una supervisión externa e independiente de la DGM que controle los procesos asociados a la deportación; b) que el cuerpo especializado participante tenga la capacitación adecuada y sobre todo buenos ingresos; c) que todos los operativos sean grabados, de manera que se compruebe que el ingreso a los centros de registro corresponda con las personas detenidas; d) que se auditen mensualmente los procesos ejecutados; e) que exista un reglamento disciplinario severo para los superiores y agentes que intervienen en todas las fases de la deportación;  f) que los agentes estén sujetos a una declaración patrimonial especial al momento de asumir el cargo y después; g) que se tipifiquen nuevos delitos vinculados a las deportaciones y un agravamiento de las penas. ¿Vox clamatis in deserto? Que alguien hable...

José Luis Taveras

Abogado, ensayista, académico, editor.