La cuestión haitiana

La "cuestión haitiana" pasó de la preocupación a la pasión, por lo que se hace escabroso su abordamiento racional. Es difícil liberarse del linchamiento de las redes sociales cuando se asume una posición neutral. Rápidamente es calificada como prohaitiana por "los patriotas" o xenófoba por "los traidores".

La polarización nubla así un problema tan viejo como complejo.  En su tratamiento, cada día hay que ser cuidadoso con el lenguaje porque cualquier enfoque que no repita los eslóganes de las posiciones confrontadas es vista con recelo. Frente a ese cuadro, hoy se abonan nuevos intereses que empiezan a hacer branding político con el tema.

Hay, sin embargo, una verdad que no simpatiza: cualquier "solución" a la inmigración irregular no resultará de reacciones sentimentales, sino de respuestas racionales.  Los discursos seducen, pero no resuelven. Más que emociones desbordadas, necesitamos acciones bien pensadas.

Es cierto, en la interpretación del problema subyace un relato de nostalgias patrióticas y de prejuicios culturales en ambos lados de la isla, pero ese pasado no será suficiente para lidiar con la situación; se precisa de algo más que de marchas, de gritos eufóricos o de forrarnos con banderas.  Eso tiene valor intangible que alimenta enormemente las convicciones, pero nos deja varados en el centro de la cuestión.

La presión que genera una inmigración como la que tenemos reclama acciones concluyentes del Estado dominicano que van más allá de las deportaciones, sobre todo si se considera que la agricultura, la construcción y una buena parte de los servicios dependen casi con exclusividad de la fuerza laboral haitiana.

¿Cómo desplazar en corto tiempo una mano de obra esencial sin afectar la productividad económica cuando pocos dominicanos harán esos trabajos con los salarios vigentes? ¿Cómo lograr que el sector empresarial, en un acto de contrición patriótica, haga salarialmente atractivas esas plazas para los dominicanos? Basta considerar el tiempo, los esfuerzos y las discusiones que entre los grandes empleadores y los gobiernos se han consumido para negociar moderados aumentos salariales. ¿Cuántos dominicanos se irían a trabajar con lo que hoy gana un haitiano? Que alguien conteste.

No digo que hay que condicionar las deportaciones a esa circunstancia, sino que para que estas no sean meras pantomimas de mercadeo político, se deben planificar en función de las demandadas reales de capital humano en aquellos sectores que hoy dependen de la mano de obra haitiana.  La industria de la construcción y el sector agropecuario emplean casi 400 mil trabajadores cada una, de los cuales algo más del setenta por ciento son haitianos, irregulares o no.

Pero también hay una cuestión cultural que estaría por probarse: ¿harán los dominicanos los trabajos que hoy ejecutan los haitianos? Basta considerar que la República Dominicana cuenta con un sector informal de un 54.8 % de la población ocupada (por encima de la media de América Latina). La pregunta, entonces, se impone: ¿dejaría un dominicano los veinte mil pesos en ventas de hot dog de cada noche para acarrear una carretilla en una construcción? Creo que la mejor prueba de patriotismo sería aceptar el empleo de albañil para sustituir a un extranjero irregular que deba ser deportado, aún más meritorio que ondear frenéticamente la bandera en el Altar de la Patria.  ¿Quién lo hace? Y lo pregunto sin ironía.  

Las deportaciones deben continuar, pero no como por golpes de efecto, sino como acciones apoyadas y concordadas con políticas laborales de Estado, según estudios categorizados de demanda y ocupación laboral para, de esta manera, "calificar" la contratación de extranjeros y controlar, por esa vía, su residencia temporal o definitiva en el país.

Por otra parte, la inmigración haitiana es una construcción de casi ciento cincuenta años y se ha movido desde la contratación de braceros para el corte de la caña, pasando por el laissez passer de control fronterizo, hasta la masificación del negocio migratorio que tenemos hoy.  

La mayoría de haitianos no vienen solos; los dejan pasar por acción u omisión de las autoridades en concierto con redes activas de tráfico. En los últimos treinta años, como consecuencia de la ingobernabilidad política en Haití, ese tránsito se ha multiplicado deviniendo en un gran negocio.  Empezó y se mantiene con las ventas de visas y siguió con el cruce transfronterizo. 

Los haitianos se mueven por necesidad y otros los cruzan por negocio. Las deportaciones han potenciado los ingresos de una actividad que mueve sumas millonarias. Hemos escrito varias veces sobre las redes operativas de la mafia migratoria. Hace unos días denunciamos que, en Punta Cana, Bávaro, Verón y Friusa, los operativos de la Dirección Nacional de Migración cursan distintos canales de negociación (esos que se abren en el mismo teatro de los apresamientos o en puntos intermedios de la ruta del destierro) donde los inmigrantes son "dejados" aquí después de pagar la exacción. Las tarifas andan entre los catorce y diecisiete mil pesos per cápita. En el caso de la costa este, esos costes aumentan según la jurisdicción. Lo cierto es que los haitianos que negocian su permanencia pueden ser más que los que regresan a su nación. Y es ahí donde se impone el negocio extorsivo, ese que genera un flujo incuantificable de ingresos. Así, la cuestión no son los haitianos que salen, sino los que vuelven o los que pagan para quedarse. ¿Quién los controla? ¿Quién los cuenta?

De manera que este alzamiento ciudadano que marcha lo está haciendo en el escenario equivocado. No es dentro de comunidades de inmigrantes cuyo choque con los protestantes puede generar una tragedia políticamente beneficiosa pero infausta para la imagen del país; es frente a la Dirección General de Migración, el Ministerio de Defensa o el Palacio Nacional, que son los dueños de las políticas migratorias y de seguridad nacional. O cambiar la rabia por la propuesta y arrancar una agenda de diálogo con el Gobierno, el sector patronal, laboral y ciudadano para conciliar un plan de seguridad territorial que atienda la cuestión haitiana desde perspectivas más elevadas.

En una cosa sí estamos claros los dominicanos sensatos: más que el ruido del presente, reclamamos un Estado fuerte y la seguridad de un futuro de buena convivencia entre las dos naciones, porque, quiérase o no, Haití no se moverá de donde está.

José Luis Taveras

Abogado, ensayista, académico, editor.