Jet Set: candado después del robo

La semana pasada la sociedad dominicana fue abatida por la tragedia. En ese trance vivimos todo el ciclo del duelo de Kübler-Ross: negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

Muchos, como yo, aún lidiamos con la negociación, ese difícil esfuerzo por tratar de convenir acuerdos con uno mismo para acatar la pérdida. Confieso que sigo aturdido.

Lo peor es reconocer que no fue un fenómeno natural, sino un evento sujeto a la previsión humana, cuyas responsabilidades esperan determinarse. Y eso habla de nuestras patéticas privaciones como sociedad y Estado: otro correlato que desviste las viejas desatenciones a patrones de seguridad pública.

Leer noticias de la prensa mundial sobre el suceso, incluyendo las de China, India, Rusia, Australia y hasta Japón, cargó de vergüenza el decaído ánimo social. La muerte de 231 personas corresponde a un rango propio de catástrofes naturales, solo superado por el balance de los ciclones de San Zenón (1930), David (1979) y George (1998).

Algunas noticias acentuaron mi frustración, como las que leí en el diario El Nuevo Día de Puerto Rico, que daba cuenta de que, en ocasión de la tragedia del Jet Set en la República Dominicana, se le requirió información a ASM Global, empresa a cargo de la gestión del Coliseo "José Miguel Agrelot", sobre las condiciones de seguridad del techo, y esta fue la respuesta: "El Coliseo de Puerto Rico cuenta con sistema avanzado de monitoreo continuo e inteligente que supervisa en tiempo real el comportamiento estructural del edificio ante movimientos telúricos, vientos huracanados y el envejecimiento natural de la estructura. Este sistema integra acelerómetros digitales, estaciones de grabación, tubería y cableado especializado, además de programas computadorizados de análisis y visualización de datos". Solo atiné al silencio, pensando lo lejos que estamos de esos estándares, al tiempo de recordar que estadios como el Quisqueya o el Cibao, construidos en 1955 y 1958, respectivamente, se mantienen sin grandes cuidados estructurales.

Como siempre: ¡candado después del robo! Ahora se habla de mejorar los sistemas de prevención, inspección y control de la seguridad de las edificaciones. Y es que la mayoría de las políticas y acciones del Estado suelen ser tardías y reactivas. La improvisación nos ha salido cara y la seguimos pagando. No dudo de que la preocupación por el tema vuelva a disiparse mientras el calendario nos aleje emocionalmente de la tragedia. Tenemos una cultura emotiva en la que los derechos se ejercen con el ruido y la queja. Lamentos que suelen evaporarse con el tiempo.

Aquí los trances pretenden resolverse sin mucha creatividad: nombrando comisiones y con propuestas urgentes de modificaciones legales. Las comisiones rinden un informe que suele archivarse, y ya tenemos un acervo sobradamente denso y disperso de "leyes poéticas". Siempre he escrito que el problema de nuestra institucionalidad no es normativo; es funcional. Más que leyes, precisamos de acciones consistentes de Estado, y esta atención apremia.

La República Dominicana, enclavada en la cuenca del Caribe, está sometida a dos amenazas sistémicas: estar en las coordenadas de los huracanes y en una zona sísmicamente activa debido a la interacción entre la placa tectónica de Norteamérica y la del Caribe. Esas circunstancias son razones suficientes para contar con un organismo técnica y financieramente fuerte a cargo de la inspección permanente de infraestructuras y edificaciones públicas y privadas.

Si bien en el país operan la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones y la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, estas entidades, creadas por decretos, cuentan con atribuciones muy genéricas, más consultivas que reglamentarias o sancionadoras, asignaciones presupuestarias limitadas y, en el caso de la última, con una competencia limitada a la supervisión de infraestructuras públicas. Por su parte, el Decreto 232-17, que establece el Reglamento para la Supervisión e Inspección General de Obras, dispone la inspección solo para las obras en su etapa de construcción y con motivo de la obtención de una licencia, no así durante su vida y funcionamiento.

Sin necesidad de esperar reformas legales, creo que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones puede acometer algunas diligencias. En esa ruta, me suscribo a la opinión del economista Raúl Ovalles, quien en un reciente artículo publicado en el diario El Caribe ("¡Que no quiero verla!", 11 de abril de 2025) propone realizar un levantamiento para crear una matriz nacional de riesgo infraestructural que "clasifique cada estructura según criterios de antigüedad, modificaciones estructurales, capacidad, frecuencia de uso y vulnerabilidad geográfica". Eso supone realizar auditorías técnicas que recomienda priorizar en edificaciones de alta densidad de usuarios. Se trata de una inversión inaplazable que al menos nos quede como legado memorial de una catástrofe que pudo evitarse, aunque nunca podrá olvidarse.

Así las cosas, en ausencia de supervisión estructural permanente, las inspecciones suelen abandonarse a la discreción de los propietarios de las edificaciones, quienes no siempre tienen las previsiones ni el interés de hacerlas, mucho menos de corregirlas, por los costos que suponen, asumiendo, por ignorancia, negligencia o imprudencia, los altos riesgos que, en términos de responsabilidad civil y penal, se derivan de esta inobservancia. En términos simples: "si nadie me supervisa, yo tampoco". Eso pudo haber pasado en el Jet Set. Ya veremos.

La República Dominicana, con un acervo moderno de infraestructuras y edificios, no puede seguir sujeta a una legislación precaria y ambigua en esta materia. Tampoco de espaldas a estándares calificados en la gestión de riesgos, estimando las potenciales vulnerabilidades de nuestro suelo y clima. Ya que nos robaron desprevenidos, compremos un gran candado, aunque lo paguemos a precio de estafa.

José Luis Taveras

Abogado, ensayista, académico, editor.