Elección popular de los jueces: ¿más y mejor democracia?

Tras la celebración de las primeras elecciones de jueces por voto popular en México, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró, de manera pomposa, que su país "es el más democrático del mundo". Esto lo dijo a pesar de que el nivel de participación electoral alcanzó apenas el 13 % de los electores inscritos, un porcentaje tan bajo como para que, si fuese posible, se declarase desierta esa elección o, al menos, para que la presidenta mexicana y demás entusiastas con la elección popular de los jueces asuman con más sobriedad y humildad la señal que le envió el pueblo de su falta de interés en participar en la escogencia de los jueces.

Podría alegarse que el problema no reside en el diseño institucional que otorga al pueblo la potestad de elegir los jueces, sino en el pueblo mismo por su apatía, su "falsa conciencia" y su incapacidad para comprender el gran poder que se le ha otorgado. Después de todo, la participación electoral en muchos países para escoger las autoridades políticas representativas (presidentes, legisladores, alcaldes, entre otros) suele ser bastante baja, aunque pocas veces o nunca se ha visto un porcentaje de participación electoral tan bajo como el que ha tenido lugar en México en esta ocasión.

La cuestión, entonces, hay que plantearla desde una perspectiva más amplia, la cual refiere a la interrogante de qué tipo de democracia se quiere, pues este concepto no tiene un sentido único, sino que es polivalente y su construcción discursiva depende de articulaciones con otros conceptos. En este sentido, puede decirse que la elección popular de los jueces en México refleja una concepción de la democracia en la que el núcleo fuerte de sentido viene dado por la noción de que al pueblo hay que consultarlo directa y periódicamente, vía elecciones, plebiscitos o referendos, sobre una variedad de asuntos, incluyendo en este caso la elección de los miembros de la judicatura. Recordemos el modelo político de Hugo Chávez, crítico de la democracia representativa y defensor de la llamada democracia directa, según el cual al pueblo se le convocaba constantemente para una variedad de asuntos, entre ellos la revocación de mandatos, hasta que, no mucho tiempo después, se produjo un hastío y una degradación de esos procesos "participativos" que fueron totalmente abandonados.

Esta concepción de la democracia se centra en la convocatoria y participación del pueblo como medio de validar políticas y formas de ejercicio del poder. La lógica discursiva que se despliega en la defensa de la elección popular de los jueces es que no hay mejor manera de garantizar una justicia independiente que dándole al pueblo el poder para elegir los jueces que dirimirán sus conflictos. En realidad, lo que sucede es que los aparatos políticos, especialmente los que controlan el inmenso poder gubernamental en un país como México, movilizan sus estructuras partidarias, sus redes electorales y sus recursos financieros para lograr que se elijan a los jueces afines a sus intereses políticos.

De esta manera, los jueces no pasan por un escrutinio de sus calificaciones, entrenamiento, experiencia y filosofía judicial, sino que llegan a sus posiciones como resultado de procesos en los que el poder, el dinero y las estructuras partidarias y de otros tipos desempeñan un papel fundamental. Desde luego, no se trata de que los jueces sean apolíticos o no estén contaminados por las experiencias de la vida partidaria, como ha pretendido un cierto discurso purista de sectores de la sociedad civil que ha penetrado en el pensamiento de sectores políticos, sino que el medio para llegar a la judicatura no sea el mismo de la competencia partidaria para elegir los representantes del pueblo en las instancias de representación política, pues se trata de funciones muy diferentes que requieren procesos de elección también diferentes.

En contraposición a esa "democracia participativa", tan cacareada, irónicamente, por gobernantes autoritarios, existe la democracia constitucional, la cual articula el principio de la soberanía popular con los mecanismos de frenos y contrapesos y de protección de los derechos de las personas. En esta configuración institucional, el Poder Judicial desempeña un papel crucial dado que le corresponde hacer valer, de una manera objetiva e imparcial, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Para ello, es necesario construir sistemas judiciales que cuenten con jueces bien entrenados, que se sometan al rigor de una carrera profesional y que dominen su oficio. De hecho, uno de los mayores desafíos en la construcción de democracias constitucionales es lograr poderes judiciales y sistemas de justicia en general en los que primen la objetividad, la eficiencia, la transparencia, la competencia técnica y la integridad.

Esta es la dimensión liberal de la democracia constitucional, la que procura poner límites y contrapesos al poder, así como garantizar la protección de los derechos de las personas y las minorías de modo que la democracia no se convierta en una tiranía de la mayoría, como han temido, a través de los siglos, los grandes pensadores liberales desde John Locke y Montesquieu, pasando por James Madison, Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill, hasta Isaiah Berlín y John Rawls, entre muchos otros. Este componente liberal reconoce la centralidad de la soberanía popular como fuente legítima de la autoridad política, pero, a la vez, atempera y modula la participación popular con instituciones que sirvan de frenos y contrapesos al poder que emana de esa participación.

Elegir jueces como se ha hecho en México tiene como fin, en realidad, ejercer un mayor control político del Poder Judicial con el ropaje de la participación popular y la atractiva, pero engañosa, consigna de "más democracia". Desde luego, se trata de una democracia no liberal, que reniega de los frenos y contrapesos, así como de la independencia y la calidad del Poder Judicial. Esa democracia iliberal está, en los tiempos presentes, ganando espacio político y discursivo en múltiples sociedades alrededor del mundo en detrimento de la democracia constitucional, entendida esta como articulación, - difícil, compleja y reversible- del liberalismo y la democracia.

Flavio Darío Espinal

Abogado y profesor de Derecho Constitucional de la PUCMM. Es egresado de la Escuela de Derecho de esta universidad, con una maestría de la Universidad de Essex, Inglaterra, y un doctorado de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Socio gerente FDE Legal.