Verdades de a puño

En un artículo publicado hace poco en Diario Libre la columnista Ellen Pérez Ducy afirma que la "República Dominicana tiene 2.8 millones de personas inactivas (en edad de trabajar que no están ocupadas), de los cuales 831,000 son hombres".

De ahí deduce que "existen recursos humanos nacionales suficientes para sustituir cualquier carencia laboral (de mano de obra de haitianos indocumentados)".

Pérez Ducy sostiene que "La escasez de ciertos perfiles de mano de obra debería resultar en ofertas salariales mayores que motiven a los (dominicanos) inactivos nacionales a incorporarse (al trabajo)".

Si fuera así, la intensificación de las deportaciones y su mayor efectividad debería estar abriendo una brecha de nuevas oportunidades al trabajador dominicano. Pero, una cosa piensa el burro y otra quien lo apareja. ¿Cuál misterio impide que eso ocurra? ¿Existen condiciones que lleven al dominicano a retirarse del mercado de trabajo?

Ellen aporta dos datos demoledores, que cuestionan en sus cimientos las políticas públicas que conducen a la existencia de subsidios generalizados y de las remesas.

Primero, afirma que "el sistema SIUBEN identificó en marzo 2025 a 2.6 millones de personas (38 % de la población total) viviendo en condiciones de pobreza extrema y moderada.

En consecuencia, ADESS se abrogó la responsabilidad de otorgar subsidios mediante 1.65 millones de tarjetas Supérate y de Incentivos Especiales para hacer cumplir diez programas distintos de subsidios sociales a un costo de RD$25,481.2 millones en 2024. Esto representa el 1.5 % de la masa salarial de los ocupados". 

Ahí tenemos uno de los incentivos de que disponen los dominicanos para no incorporarse al mercado de trabajo.

Aparte de eso, existen otros subsidios, siendo el mayor aquel que permite que alrededor de 800,000 hogares no paguen la luz e incrementen su ingreso en la misma medida en que aumenta su capacidad de consumo de electricidad. 

En artículos anteriores he sostenido la conveniencia de canalizar todos las subsidios del Estado por vía de la seguridad social, salud y pensiones, despojándolos de sus elementos clientelares que, en definitiva, constituyen su razón de ser.

Canalizados por esa vía reforzarían la necesidad del trabajador de convertirse en entes formales activos en el mercado de trabajo. 

Segundo, dice que "las remesas son el otro suplemento de ingresos que apoya el consumo de aquellos que no laboran, estableciendo un ingreso mínimo (salario de reserva) a superar para motivar al trabajo. Estos flujos del exterior representaron ingresos equivalentes al 38 % de la masa salarial en 2024. La inactividad laboral tiene un costo". 

En resumen, subsidios y remesas, junto a la rigidez de la cesantía, son el caldo de cultivo que favorecen el empleo de mano de obra indocumentada y el desplazamiento del dominicano del mercado de trabajo.

Por lo tanto, también hay que afrontar el gran tabú que nadie se atreve a tocar: modificar la cesantía, flexibilizarla, poner un tope a la acumulación de pasivos laborales y, cuando se haga, el salario fluirá hacia cotas altas, junto a la protección social, y estimulará a los dominicanos a retomar sus ocupaciones perdidas.

Al respecto cito lo que un estimado amigo me escribió a raíz de mi artículo anterior: "Parece difícil que los empresarios dominicanos paguen salarios atractivos en la agropecuaria y la construcción con seguridad social, acumulación de prestaciones, vacaciones anuales y hasta salario navideño.

Sin eso y otras cosas, seguiremos necesitando la mano de obra extranjera barata, aunque avancemos en la mecanización. Los dominicanos hacen la agricultura y la construcción en Puerto Rico y pregunten por qué no en RD.

Cuando indagué por qué los dominicanos no hacían esos trabajos en la sombra (guineos) el ejecutivo respondió que prefieren el moto concho. Entonces indagué los salarios, y el promedio mensual andaba por 9,000 pesos, cuando la canasta básica del quintil más pobre estaba ya sobre 14,000 pesos.

Y allí por lo menos están en la seguridad social por requerimientos de la UE".

Es lo mismo que vengo afirmando desde hace tiempo: en el mercado laboral hay una desigualdad en el costo regulatorio en contra del trabajador dominicano y en favor del indocumentado. 

Siendo así, no es necesario que se den tantas vueltas al pandero.

El asunto está muy claro: Hay que desmontar las políticas generalizadas de subsidios y reencauzarlos vía la seguridad social, por un lado, y, por otro secar la fuente de políticas públicas que alimenta las remesas, es decir frenar el abandono del lar, para lo cual se requiere promover la competitividad, bajar las tasas de interés, asegurar disponibilidad crediticia a la agropecuaria y la construcción.

Lo demás es sencillo: hacer cumplir las leyes. Al tiempo que difícil de sostener por la cultura del incumplimiento que se arrastra desde hace decenios.

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.