Subsidios e inmigración irregular

Hace pocos días el partido Popular de España (Centro derecha) celebró su congreso nacional, con miras a prepararse para participar en lo que, según sus expectativas, será un proceso electoral adelantado a causa de la crisis política e institucional que afecta a ese país.

El congreso del partido sirvió, entre otras cosas, para aprobar algunos puntos programáticos que fueron presentados en su discurso por Alberto Núñez Feijóo, líder de esa agrupación.  Citaré dos de ellos.

El punto cuatro, de los diez aprobados, dice: "El subsidio no puede competir contra el empleo. El subsidio tiene que ser red para levantarse, no ancla para el empleo". En otras palabras, puede ser algo temporal, pero no convertirse en práctica que aleje el deseo de la gente de participar en el mercado de trabajo en busca de un empleo.

Lo anterior viene como anillo al dedo al caso dominicano. El debate es viejo: El gasto público, ¿a qué debe dedicarse? ¿A la inversión o a los asuntos corrientes? ¿En qué proporción? Y dentro del corriente, ¿qué porción puede destinarse al subsidio?

La respuesta es ambigua: Depende. ¿De qué? De las circunstancias. Del perfil ideológico del partido gobernante. Del criterio del presidente de la República y de su afán de dejar un legado a la posteridad o simplemente gobernar para estar muchos años en el poder. De su talante de estadista, o de su tendencia populista.

Cual que sea la opción elegida, las consecuencias recaen sobre la población.

A lo largo de nuestra vida democrática hemos tenido perfiles distintos de mandatarios, desde quienes hicieron énfasis en el ahorro corriente para motorizar la inversión, constriñendo el gasto, hasta aquellos que minimizaron el ahorro, se aferraron al endeudamiento y lo gastaron casi todo en asuntos corrientes, incluyendo subsidios, hundiendo la inversión.

Ejemplo de lo primero fue Joaquín Balaguer Ricardo; de lo segundo lo han sido casi todos los demás, con diferencias de matices.

En mi anterior artículo expresé la preocupación de que "Las remesas, junto a los subsidios internos, explícitos o no, influyen poderosamente en la disminución de la propensión a ofrecer la mano de obra en el mercado de trabajo...".

Agregué que, "tanto las remesas, los subsidios, como la inflexibilidad en la concepción de la cesantía conspiran abiertamente para mantener bajo el nivel de salarios, derivar demanda de empleo hacia el mercado informal, atraer mano de obra de inmigrantes irregulares, todo lo cual contribuye a diluir progresivamente la nacionalidad".

Esas prácticas, afincadas con fuerza como sostén de políticas públicas, son responsables de la rigidez al alza del salario.  Y de la sensación que embarga a tantos dominicanos de que en este país no se generan suficientes oportunidades, lo que alienta el deseo de emigrar y abre espacio a la contratación de inmigrantes irregulares en el mercado informal.

Siendo así la Republica Dominicana está en medio de una trampa de calado profundo, que mantiene a la sociedad con perspectivas de futuro incierto.

Por otro lado, el punto siete aprobado dice: "Hemos de reducir la inmigración ilegal. Parece razonable. ¿Cómo lo ilegal va a tener garantías, cómo lo ilegal va a tener derechos? ... España ha de ser un país abierto, pero no ingenuo. Rechazo el discurso del odio, pero de la misma forma aquí no vale todo. El respeto es el mínimo exigible y la convivencia se trabaja con normas, orden y control. Al que viene a trabajar con reglas, bienvenido, el que viene a otra cosa le diremos que aquí no".

Ya quisiéramos muchos dominicanos que algo parecido a lo expresado sea el hilo conductor de las palabras y acción de nuestro liderazgo nacional.

Hay que desterrar la idea que puede anidarse en algunas mentes de que lo ilegal puede generar derechos. La convivencia solo es posible apegados a normas válidas para todos, sin excepciones, que se cumplan, con orden, control y el debido respeto a los derechos humanos.

Mientras tanto el país se encuentra sumergido en procesos interminables de discusiones sobre el tópico de la inmigración indocumentada y de su contratación laboral, ambas ilegales. El tiempo se agota para disponer de acciones más expeditas que se conviertan en soluciones.  

Lo extraño es que tal cosa ocurre cuando se cuenta con un presidente liberado del trauma de asumir costos políticos, dado que no podrá ser candidato de nuevo, con lo cual surge la oportunidad de que aproveche los tres años de mandato que le quedan para adoptar las medidas que lo consagren en el altar de la posteridad.

Si lo hace dejará un legado que lo honre a perpetuidad. Si no, ¿quién sabe?

Eduardo García Michel

Eduardo García Michel, mocano. Economista. Laboró en el BNV, Banco Central, Relaciones Exteriores. Fue miembro titular de la Junta Monetaria y profesor de la UASD. Socio fundador de Ecocaribe y Fundación Siglo 21. Autor de varios libros. Articulista.