Mercado laboral y migración haitiana

Uno de los temas que se está discutiendo en el Consejo Económico y Social (CES) tras su convocatoria por acuerdo entre el presidente Luís Abinader y los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina es el impacto de la inmigración haitiana en los mercados laborales y los posibles cursos de acción para dar respuestas a esa problemática. Es un tema ineludible, aunque no el único, en el tratamiento de la cuestión haitiana.

Lamentablemente, la discusión del tema laboral está condicionada por un ambiente político que no ofrece el más mínimo intersticio para considerar alguna forma de regularización migratoria desde la perspectiva de las necesidades de ciertos mercados laborales, independientemente de otras consideraciones que pudiesen ser relevantes al momento de abordar la problemática migratoria en la República Dominicana. La negación de cualquier forma de regularización se ha convertido en la principal vara de medición para determinar quién es o no es patriota en el país.

En efecto, cada vez que surge tímidamente en la opinión pública el tema de la regularización migratoria, casi siempre planteado por representantes empresariales de sectores productivos sensiblemente afectados, voceros del Gobierno declaran enseguida que no habrá regularización. Por su parte, la oposición política adopta también posiciones duras como para no quedarse atrás en la competencia sobre quién es más radical enfrentando esta problemática. De esta manera, no hay espacio, o muy poco, para sostener discusiones racionales de las que puedan surgir propuestas de políticas públicas realistas y eficaces. La línea de pensamiento que guía la política pública en esta materia hoy día es que hay que repatriar a todos los haitianos, pues cuando se habla de haitianos indocumentados es hacer referencia prácticamente a todos ellos, ya que estos no han contado, a través de los años, de vías de regularización migratoria, con excepción del plan de regularización que, con gran esfuerzo, se llevó a cabo en el período 2014-2015 tras la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el cual se dejó colapsar. Esta ha sido una gran victoria política para el sector conservador y, a la vez, una derrota para el sector progresista que, en sentido general, se ha ausentado de este debate.

Cualquier economía pujante como la dominicana, a pesar de la desaceleración que está sufriendo en tiempos recientes debido principalmente al desplome de la inversión pública, necesita mano de obra. Si hay escasez de mano de obra los sectores económicos afectados sufren fuertes dislocaciones en sus estructuras productivas que afectan su capacidad de sostenerse, crecer y cumplir con sus obligaciones de entrega frente a sus clientes. En términos simples, en cualquier empresa el factor laboral es tan importante como el factor capital, o, mejor dicho, ambos factores deben articularse eficientemente para generar riquezas, aumentar el producto interno y crear oportunidades para inversionistas, trabajadores y consumidores.

La idea de que una economía como la nuestra puede sostenerse sólo con fuerza laboral dominicana es, en el mejor de los casos, un sueño nostálgico de lo que fue y no volverá a ser jamás. Esto no implica desconocer el legítimo reclamo de sectores que plantean los riesgos de la desnacionalización de la fuerza laboral, especialmente -agrega este articulista- si los trabajadores migrantes se mantienen en estado de irregularidad y sin derechos de ningún tipo. Ciertamente, en esas condiciones no hay manera de fortalecer el salario de los trabajadores dominicanos.

En la medida en que la economía dominicana se ha expandido, diversificado y enriquecido desde principios de la década de los noventa se ha producido un fenómeno de movilidad laboral que ha sacado a una gran población, especialmente los jóvenes, de los trabajos agrícolas. Estos trabajadores han encontrado empleos y emprendido sus propios negocios en la economía de servicios y otras actividades económicas apartándose de la siembra y colección de arroz, café, cacao, tabaco, hortalizas, entre otros, así como de los trabajos más duros en las obras de construcción. Por esta razón, no es totalmente correcto decir que los trabajadores migrantes desplazan a los trabajadores locales, sino que estos encuentran otras oportunidades en una economía que se expande y se diversifica, lo que, a su vez, abre espacio a los migrantes que siempre están dispuestos a trabajar por menores salarios, especialmente si se encuentran en condición migratoria irregular.

Si a esto se agrega la opción migratoria que tienen los dominicanos, principalmente a Estados Unidos donde se han beneficiado, más que cualquier otro grupo migrante, de la política de unificación familiar, la realidad es que no hay manera de que todos esos lugares de trabajo que han abandonado los trabajadores dominicanos vuelvan a ser llenados por otros dominicanos. Ojalá fuera posible, pero la verdad es que esto no lo volveremos a ver, independientemente de que nos guste o no nos guste.

Podrá argumentarse que la alternativa no es que los trabajadores que se han desplazado a otras áreas, especialmente a los servicios de todo tipo, vuelvan a los viejos puestos de trabajo en la agricultura y la construcción, sino que se mecanicen estas actividades productivas. Esa es una solución válida y necesaria, al menos en algunos sectores como las plantaciones de azúcar y en la construcción, no así, en cambio, en la en muchos renglones de la agricultura en los que se requiere un cuidado manual, como en el arroz, el café, el cacao, el tabaco y las hortalizas, entre otros.

Así, como no es posible llenar todos esos puestos de trabajo en la agricultura y la construcción con trabajadores dominicanos, tampoco es deseable que dichos puestos sean ocupados por masas de inmigrantes haitianos indocumentados, sin derechos de ningún tipo, expuestos al abuso y la explotación. Es, pues, necesario tener una discusión sobre cómo regularizar segmentos específicos de los trabajadores migrantes que contribuya a estabilizar los mercados laborales en áreas críticas, lo que puede, incluso, ser un factor que eventualmente atraiga a trabajadores dominicanos a esos sectores productivos, pero en mejores condiciones laborales.

Desde luego, no hay soluciones fáciles para estos problemas. No se trata ni remotamente de abogar por una apertura sin control de inmigrantes haitianos o de cualquier otro origen. El Estado dominicano tiene que proteger, ahora más que nunca, su frontera tanto terrestre como marítima; proteger su integridad territorial y la seguridad interna frente a las amenazas de un Haití sumido en el caos y la violencia. Tiene también que hacer valer su propia legalidad en los mercados laborales, pero esto sólo será posible cuando la ley refleje lo mejor posible la realidad de las cambiantes estructuras productivas en el país y no pretenda imponer esquemas abstractos que no encuentran asidero en la realidad material.

Flavio Darío Espinal

Abogado y profesor de Derecho Constitucional de la PUCMM. Es egresado de la Escuela de Derecho de esta universidad, con una maestría de la Universidad de Essex, Inglaterra, y un doctorado de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Socio gerente FDE Legal.