Optimizar y fortalecer lo que ya se tiene

La organización del aparato estatal y del sector educativo varía significativamente entre países, reflejando trayectorias históricas, prioridades políticas y dinámicas sociales. En el caso de la República Dominicana, durante décadas, la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos (SEEBAC) fue el ente rector y principal administrador de la educación general, la educación técnico-profesional, la educación física y deportes, la juventud, la cultura y eventualmente los asuntos religiosos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el crecimiento de cada uno de estos sectores, la necesidad de especialización y la demanda de los altos cargos llevaron a una progresiva redistribución de competencias. Así nacieron instituciones como el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y las Secretarías de Estado de Deportes, Juventud, Cultura.

Curiosamente, estuviera o no entre sus atribuciones, la SEEBAC, nunca asumió un rol activo en la regulación de la educación superior ni en el fomento de la ciencia y la tecnología. Mientras era única, la universidad estatal mantenía una relación directa con la Presidencia de la República. Al surgir las primeras universidades privadas, replicaron ese vínculo presidencial. Cuando el número de instituciones de educación superior comenzó a crecer y el subsector adquirió mayor complejidad, se creó el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), como órgano de coordinación y supervisión. Posteriormente, con el auge de la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo, y tras años de discusión, el CONES fue transformado en el actual Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT).

Ahora, después de dos décadas de trabajo a la consolidación del MESCYT, se plantea su fusión con el Ministerio de Educación. Aunque la propuesta final todavía está en construcción, parecería que las funciones que no encajen en esta fusión serían delegadas a nuevos organismos especializados.

Para colocar la propuesta en un contexto apropiado, conviene recordar que, a principios de la década de 1990, las primeras evaluaciones estandarizadas revelaron que los estudiantes dominicanos, tanto en escuelas públicas como privadas, estaban aprendiendo muy poco.

Desde entonces, el país ha incrementado sustancialmente el gasto público en educación, pasando de unos pocos cientos de millones de dólares para atender a 1.2 millones de estudiantes a cerca de US$5,000 millones para una matrícula de 2.2 millones. Este aumento presupuestario ha permitido mejoras tangibles en las condiciones materiales de la escuela y en las condiciones de vida de su personal. Por ejemplo, con la asignación del del 4% del PIB a la educación en 2012, se introdujo la jornada de día completo, una de las iniciativas más ambiciosas del periodo democrático.

Sin embargo, las evaluaciones nacionales e internacionales siguen mostrando que, en el nivel preuniversitario, estas mejoras no se han traducido en avances significativos en los aprendizajes. Cuando se aplican pruebas en el ámbito profesional, la educación superior suele quedar tan mal parada como la preuniversitaria, evidenciando una crisis sistémica que atraviesa todos los niveles educativos.

Dado que la educación es la base de sustentación el desarrollo científico y tecnológico de cualquier región o nación, en un mundo dinamizado por el conocimiento, el pobre desempeño del sistema educativo es, no solo el mayor desperdicio de recursos, sueños y esperanzas, sino el mayor desafío que enfrenta la sociedad dominicana.

Empero, en el largo periodo de abandono que sufrió la educación dominicana, el sistema debió crecer en medio de la hostilidad política y la precariedad financiera. Suelto en banda, en ese periodo se perdió el aprendizaje como propósito y medida de desempeño de todos los actores, y la escuela como núcleo central del sistema. Sin ellos, la educación perdió el rumbo.

Procurando ordenar la casa, en las últimas tres décadas, no solo se ha puesto recursos financieros, sino que ha dedicado muchísimo tiempo y energía a reformar leyes y reglamentos, aprobar pactos, revisar planes de estudio y diseñar estrategias y programas. De hecho, hace poco se discutía una reforma de la ley general de educación y la posibilidad de una revisión del último pacto educativo.

 De pronto, como caída del cielo, la fusión de los ministerios de educación se convirtió en el nuevo tema. Nadie ha argumentado que la fragmentación administrativa o la duplicación de funciones entre dos carteras sea la causa del bajo desempeño del sistema. O que la fusión sea condición indispensable para lidiar con éxito con el mayor desafío que enfrenta el país. Sin embargo parecería que ya la decisión está tomada y solo falta la aprobación del proyecto de ley que en estos momentos se elabora.  

Habiendo visto el desarrollo de tantas ´´revoluciones´´ educativas, que en el papel lo cambiaron todo para terminar dejándolo todo igual, uno tiene curiosidad por saber qué pasaría si en una manifestación de prudencia, solo por algún tiempo, el empeño puesto en nuevas ´revoluciones´´ se invirtiera en optimizar y fortalecer lo que ya se tiene.  

Ramón Flores