Los cortes eléctricos vulneran nuestros derechos y nuestro desarrollo

Todos sabíamos que la llegada del verano y de los cortes iba a acelerar el debate sobre el necesario pacto eléctrico. Garantizar el acceso de toda la población a un servicio básico como la electricidad constituye una obligación del Estado establecida en el Segundo Eje Estratégico de la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END). Además, los problemas de suministro de electricidad afectan a la ciudadanía de múltiples maneras, dificultando el acceso a otros derechos fundamentales e incluso vulnerándolos.

Existe una estrecha relación entre el desarrollo de las sociedades modernas con economías de conocimiento y el uso intensivo de energía. Por esta razón, el uso de la energía eléctrica se convirtió en un medio fundamental hoy en día para acceder a diversos bienes y servicios que consideramos básicos, y por lo tanto en un determinante crucial de la calidad de vida de las sociedades modernas.

Electricidad estable  para garantizar derechos

Nuestro país, como afirmaba el presidente hace pocos días, está brindando acceso a casi toda la población, una deuda que afortunadamente se está cubriendo. En ese sentido, las brechas en el uso de la energía eléctrica hoy no provienen del acceso, sino de la calidad y estabilidad del servicio brindado.

La provisión intermitente de electricidad afecta el acceso a la educación y la salud. Las interrupciones dificultan el funcionamiento de las escuelas y el desempeño de los estudiantes, creando brechas sociales desde la niñez, mientras que, en los hospitales, impactan la conservación de medicamentos y equipos médicos. En los hogares, sin electricidad se limita el uso de computadoras para estudiar, de agua para higienizarnos o cocinar, de neveras para conservar alimentos, o de abanicos para hacer frente a las temperaturas. Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2022), el 9% de los hogares dominicanos reciben 14 horas o menos de electricidad por día, socavando el derecho a un nivel de vida adecuado y agravando la pobreza.

En materia de discapacidad, quiero visibilizar un tema que ha ganado terreno en la región: la situación de las personas que necesitan electricidad continua para vivir, como los usuarios de respiradores artificiales. Argentina, Chile y algunos estados mexicanos han promulgado leyes específicas que crean registros de personas electrodependientes y aseguran su acceso a suministro eléctrico continuo. En España, el Defensor del Pueblo propuso recientemente una regulación para este grupo. Una legislación específica es crucial para que las personas electrodependientes puedan vivir con seguridad y dignidad.

La economía y el empleo también se ven afectados por los problemas eléctricos. Las interrupciones en el suministro afectan el comercio y reducen la productividad, impactan negativamente el derecho al empleo y afectan la competitividad nacional. Como ejemplo, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) informó en 2017 que los cortes costaron más de USD 560 millones en gastos de medios alternativos de provisión de energía. Las PyMEs y negocios familiares son especialmente vulnerables, ya que no siempre cuentan con márgenes financieros para mitigar los efectos de estos cortes.

Desafíos Actuales

El sistema eléctrico de República Dominicana enfrenta varios desafíos para mejorar el suministro y garantizar los derechos ciudadanos. Dos temas en particular en los que me interesa poner atención son las pérdidas del sistema y las compensaciones por fallas. 

El país enfrenta millonarias pérdidas en la distribución de energía, afectando la sostenibilidad económica del sistema. Según la CEPAL, el país es uno de los que presenta mayores niveles de pérdidas en América Latina, con un 36% de la energía servida no facturada en 2023. Esto incluye hogares sin contadores a los que no se les puede cobrar debidamente, un problema frecuentemente desatendido por su costo político. Por otra parte, el subsidio a precio menor del consumo de los primeros 200 kW recae en toda la población sin justificaciones socioeconómicas ni geográficas. Para una forma progresiva y justa, y sobre todo eficiente del sistema, bastaría focalizar el subsidio exclusivamente en los sectores vulnerables, e incluir escalas y segmentos poblaciones de ser necesario. El nuevo pacto eléctrico debe abordar el costo de estas pérdidas y aquel de los subsidios para entender el impacto negativo del sector eléctrico en el PIB anual del país. 

Además, se debe considerar una deuda que el Estado no está pagando. Según el artículo 93 de la Ley General de Electricidad N° 125-01, las empresas eléctricas deben compensar a los usuarios por la energía no servida. Sin embargo, el hecho de que las empresas distribuidoras en su mayoría sean propiedad del Estado así como la institución reguladora (Superintendencia de Electricidad), dificulta el cumplimiento del referido artículo.

El país se encuentra en la meta del 30% de capacidad instalada en energías renovables para 2030, aunque según la Comisión Internacional de Energías Renovables (2017) se podría duplicar ese porcentaje si se propician inversiones. Además, en 2023, según la memoria anual del Organismo Coordinador del SENI, el porcentaje de las fuentes renovables en la generación total de energía del país fue solamente del 15%, contabilizando agua, viento y sol y, en menor medida, biomasa. Impulsar esta área fortalece el Estado, porque hoy la generación de electricidad depende en gran medida de hidrocarburos, lo que pone en riesgo la seguridad energética del país ya que nos hace vulnerables ante las fluctuaciones de precio o problemas de suministro. Además, una política energética enfocada en fuentes renovables puede fortalecer la posición del país en las negociaciones anuales de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, organizada el próximo año en Brasil.

Un punto más que es importante poner en primer plano es la promoción de mayor eficiencia de la energía en varios aspectos, como son el diseño de los edificios, los servicios públicos y las ciudades en general. Debemos impulsar diseños que mejoren la calidad de vida pero hagan un uso más eficiente de los recursos.

Garantizar el acceso a un suministro eléctrico estable en toda la República Dominicana debe ser la meta a corto plazo. El objetivo debe ser volver más eficiente y eficaz al sistema nacional, reduciendo subsidios o pérdidas que distorsionen la justa distribución, avanzando en medidas que fortalezcan al Estado como agente regulador de la actividad, y que lo doten de solidez en el escenario internacional. Nuestra sociedad crece al ritmo de la economía y nuestros patrones de consumo demandan más energía. Y en verano el consumo aumenta aún más. Pero el verano llega todos los años. Y cada año llegará antes, se irá después y será más duro y caluroso. El pacto eléctrico debe tener como guía principal la planificación para asegurar la provisión de energía suficiente de manera que cada dominicano pueda desarrollarse en todo su potencial.

Pablo Ulloa

Defensor del Pueblo de la República Dominicana.