¿Solo Higüey importa? El dilema político y administrativo de La Altagracia

La Altagracia es una de las provincias más dinámicas del país, con un pujante sector turístico que genera una enorme cantidad de recursos económicos.

Sin embargo, la administración de estos fondos y su distribución siguen siendo razón de ser de serios conflictos, que en determinadas coyunturas han parecido insalvables. 

La percepción de que la capital provincial, es decir, Higüey, atrae la atención política y administrativa, mientras las demás localidades quedan relegadas, no es nueva y sigue enraizada en muchos munícipes de los distritos municipales que componen a La Altagracia.

Es así: Higüey es visto como el epicentro de las negociaciones políticas y la sede de los principales acuerdos electorales, lo que refuerza la idea de que todo gira en torno a la capital provincial, pero con un interés más marcado por la consecución de votos que por el desarrollo mismo de esa ciudad.

De este último planteamiento parte la premisa de que un análisis sobre este asunto requiere una mirada más profunda. Pues, si bien es cierto que las decisiones de alto nivel se toman en Higüey, la realidad es que este municipio también enfrenta problemas estructurales graves, y que de forma permanente mantienen a las organizaciones sociales en pie de lucha.

¿Intenciones reales o simuladas?

Los residentes de Verón-Punta Cana, un distrito municipal de primer orden para la economía nacional, casi a diario repiten que la inversión pública en su territorio es escasa. Y se quejan de que teniendo condiciones económicas más que suficientes, no tienen nada de lo que una comunidad necesita para vivir dignamente, al menos con lo básico.

Un factor protagónico en esta disputa es la administración de los arbitrios municipales. En Verón-Punta Cana la clase política está convencida de que el descuido en áreas críticas—como infraestructura, saneamiento y seguridad vial—se debe a la falta de recursos, ya que estos no se quedan en el distrito que los produce, sino que son gestionados por el cabildo de Higüey.

Sin embargo, como subrayo más arriba, esta teoría se desmorona cuando se observa que el propio municipio cabecera presenta un atraso significativo en aspectos fundamentales como el acceso al agua potable, el caos en el tránsito y la inseguridad ciudadana.

Este mismo conflicto también se manifiesta en La Otra Banda, otro distrito municipal que enfrenta pronunciados problemas de inversión, y mantiene también un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la administración de Higüey por la potestad en el cobro de impuestos municipales.  

Visto esto, cobra sentido preguntar, si los recursos no están resolviendo los reclamos sociales en los distritos municipales ni en la capital provincial, ¿dónde están y cómo se están manejando?

Volvamos a Higüey

Paradójicamente, aunque esta ciudad es el centro político de la provincia, su situación en términos de infraestructura y servicios es alarmante. La falta de agua potable es un problema persistente, el tránsito en la zona urbana es caótico y enfermizo, y la delincuencia sigue siendo una amenaza palpable en cada ciudadano.

Además, la falta de planificación vial agrava la movilidad y la calidad de vida en la ciudad cabecera de La Altagracia. Esta realidad pone al descubierto una contradicción muy evidente. Y es que mientras Higüey acapara la mayor parte del pastel de los recursos municipales y del Gobierno Central, así como la atención de las grandes discusiones y decisiones políticas, los higüeyanos no reciben atención a sus problemas fundamentales.

¿De qué se trata, entonces, este juego que ubica al pueblo demandante en el mismo centro de cada movimiento, de cada jugada?

Una provincia fragmentada y desatendida

El problema no es solo de Higüey y sus distritos municipales. La Altagracia, en su conjunto, padece una gestión política y fiscal fragmentada, donde las prioridades no están del todo claramente definidas.

Mientras los políticos se enfocan en sus estrategias electorales y en disputas sobre el control de los recursos, las comunidades siguen exigiendo soluciones a problemas acumulados durante décadas.

En este contexto, surge la necesidad de una descentralización real que permita una distribución más equitativa de los recursos y una planificación territorial eficiente.

Tanto Higüey como Verón-Punta Cana y La Otra Banda requieren políticas públicas que vayan más allá de los intereses electorales y respondan a las necesidades de sus ciudadanos.

Pero, a fin de cuentas, la pelota está en cancha de los tomadores de decisiones. O perpetúan el estado de inercia que condenan al atraso a La Altagracia o impulsan un verdadero cambio que garantice el desarrollo inclusivo de toda la provincia, con una administración transparente de los recursos y una planificación que priorice las necesidades reales de la gente.

Oscar Quezada