Estado y sector privado: juntos pero no revueltos

El Estado, los funcionarios públicos y el empresariado son actores fundamentales en la vida económica y social de cualquier país. Cada uno responde a una lógica distinta: el Estado tiene la misión de garantizar derechos y servicios esenciales; los funcionarios deben ejecutar esa tarea con responsabilidad y transparencia; y los empresarios, generar riqueza, empleo e innovación bajo el marco de la ley. La relación entre estos sectores es necesaria, pero no por eso deben confundirse los roles.

En los últimos años hemos visto cómo empresarios han sido nombrados en cargos públicos de alto nivel, especialmente en áreas económicas o estratégicas. Esta práctica, que no es nueva ni ilegal, se justifica a menudo bajo el argumento de que la experiencia privada puede aportar eficiencia al Estado. Sin embargo, es importante recordar que la gestión pública tiene reglas distintas, y exige una forma diferente de actuar.

Mientras en el sector privado predomina el principio de autonomía de la voluntad —que permite hacer todo lo que no esté prohibido por la ley—, en la administración pública rige el principio de legalidad, que establece que solo se puede hacer lo que la ley autoriza expresamente. Esta diferencia obliga a los funcionarios a actuar con mayor cuidado, apego a las normas y vocación de servicio.

El conflicto no está necesariamente en la persona, sino en la posible confusión de funciones. Hay quienes, con las mejores intenciones al asumir un cargo público, podrían no lograr desvincularse de la lógica empresarial que antes guiaba sus decisiones. Cuando esto ocurre, se corre el riesgo de que se debiliten los controles, se afecten principios como la imparcialidad y la transparencia, y se termine favoreciendo intereses particulares por encima del interés general.

Desde el punto de vista del propio empresariado formal y comprometido, esta situación también genera inquietud. Los empresarios que compiten en igualdad de condiciones esperan instituciones públicas confiables, con reglas claras y decisiones imparciales. Cuando un funcionario mantiene vínculos activos con el sector del que proviene, o actúa como si aún fuese parte de él, se rompe el equilibrio que da legitimidad al sistema y se debilita la confianza ciudadana en el Estado.

Por eso es clave que la colaboración entre lo público y lo privado se dé con respeto a los límites de cada parte. Es posible trabajar juntos, pero sin que eso implique mezclarse o suplantarse. Juntos pero no revueltos.

El país necesita una administración pública que actúe con independencia, ética y compromiso con lo colectivo, así como un empresariado que siga aportando al desarrollo nacional desde el respeto a la institucionalidad. La clave está en que cada sector cumpla su función sin invadir, distorsionar o desnaturalizar el rol del otro.

José Antonio Delgado Hidalgo

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El autor es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y magíster en Derecho Administrativo y Regulación Económica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Puede ser contactado vía correo electrónico en: Josedelgadolegal@gmail.com