Cuando Pueblo Viejo se agote

La minería ha sido un pilar fundamental del desarrollo humano, proporcionando materiales esenciales para el avance tecnológico y la infraestructura. Empero, sin una regulación efectiva, una gestión responsable y una distribución equitativa de costos y beneficios, sus consecuencias pueden ser devastadoras para las comunidades cercanas.

Tómese el caso de Pueblo Viejo, una mina ubicada en el corazón de un país pequeño y en una zona densamente poblada. Su explotación ha requerido el desalojo de múltiples comunidades.

Esos desalojos, ejecutados con apoyo de guardias y policías, no solo han dejado presos, heridos y muertos, sino que han fracturado familias, desestabilizado poblaciones y generado alteraciones económicas y sociales, que se sentirán por generaciones.

Además, la explotación ha requerido gigantescos movimientos de tierra, creando enormes cráteres y desplazando cantidades masivas de material estéril. Aunque las infraestructuras afectadas pueden reconstruirse y ciertos aspectos del paisaje pueden restaurarse, el daño es mucho más profundo.

Un proceso extractivo de tal magnitud y duración transforma irreversiblemente el relieve natural y altera los cursos de agua, comprometiendo su calidad y disponibilidad para la población. Estas consecuencias imponen desafíos ambientales y sociales que persistirán en el futuro.

A esto se suma la construcción de varias presas para almacenar las colas húmedas generadas por el proceso. Como cualquier otro tipo de presa, estas estructuras son vulnerables a fallas geológicas, terremotos, huracanes y errores humanos. Desde 1990 las Naciones Unidas han documentado más de cien derrames de presas de cola.

Accidentes como los ocurridos en Los Frailes (España, 1998), Baia Mare (Rumania, 2000), Ajka (Hungría, 2010), Mount Polley (Canadá, 2014), Bento Rodrigues y Feijão (Brasil, 2015 y 2019, respectivamente) liberaron grandes volúmenes de agua y lodos tóxicos que han causado daños irreparables a comunidades y ecosistemas.

Ubicadas cerca del río más caudaloso y del lago de agua dulce más grande del país, repletas de materiales tóxicos, las presas de cola de Pueblo Viejo permanecerán en la zona, como una amenaza latente para toda la región, muchos años  después de que la mina cierre.

Aunque no se reflejan en ninguna contabilidad oficial, los traumas familiares y los desequilibrios sociales y económicos provocados por los desalojos, las modificaciones geográficas derivadas de los movimientos de tierra y la presencia de presas de cola repletas de desechos tóxicos son tres de los mayores renglones de costos de la explotación de Pueblo Viejo.

Esos tres renglones son asumidos, de manera directa por las comunidades alrededor de la mina. Por eso, hoy se postula que los beneficios de la explotación minera deben ser distribuidos no entre el Estado, como regulador y propietario del recurso del subsuelo y las empresas que aportan el capital y la tecnología, sino entre el Estado, las empresas y las comunidades mineras.

De hecho, al asignar el 5 % de los beneficios de la explotación a las comunidades mineras, ya la legislación dominicana ordena la distribución tripartita. Pero una cosa es la norma legal y otra es su cumplimiento.

Aunque como compensación ese porcentaje es muy bajo, el mismo nunca ha sido entregado. Como consecuencia, de una explotación minera que mueve billones de dólares anuales, la provincia que recibe los peores impactos es compensada con migajas. Y esas migajas sirven de pretexto para excluirla de la mayoría de los grandes programas de inversión en infraestructura que ejecuta el gobierno.

Ahora bien, desde que se inició la moderna explotación de Pueblo Viejo, las autoridades y las empresas han alegado que todo está en orden. Y han calificado las quejas de las comunidades y las advertencias de los especialistas como ´´ardides para sacar dinero´´ o exageraciones ´´de extremistas enemigos del desarrollo´´.

Sin embargo, a la hora de firmar los contratos para la explotación de los sulfuros, lo primero que reconocieron fue que reconocer durante la explotación de los óxidos había quedado un pasivo ambiental sumamente peligroso y de costosa remediación. Que era reconocer que los quejas de comunitarios y las advertencias de los especialistas estaban bien fundamentadas.

A pesar de ese reconocimiento, las personas y comunidades afectadas no fueron compensadas ni siquiera con una disculpa. Y lejos de modificar su actitud, se ha continuado reprimiendo las quejas y las advertencias como si fueran atentados al interés nacional.

Conforme avanza la explotación, aumentan los riesgos y disminuye la reserva. Si durante el periodo de bonanza, cuando literalmente se está lavando oro, las autoridades y las mineras no procuran minimizar los daños y aportar los recursos y la atención política que permitan desarrollar herramientas para lidiar con los pasivos sociales, económicos y ambientales que van quedando en el territorio, ¿qué le espera a la Provincia Sánchez Ramírez cuando Pueblo Viejo se agote?

Ramón Flores