¿Cuántas leyes hay en la República Dominicana?

La pregunta ¿cuántas leyes hay en la República Dominicana? parece sencilla, pero su respuesta es tan incierta como reveladora. La falta de un registro normativo consolidado, actualizado y público constituye un síntoma de una crisis jurídica silenciosa que afecta directamente a la seguridad jurídica, al fortalecimiento institucional y al desarrollo democrático del país.

1. La selva normativa: un ordenamiento disperso y opaco

Desde la proclamación de nuestra independencia en 1844 hasta la fecha, la producción legislativa ha sido continua y, en muchos casos, desordenada. Han sido promulgadas miles de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y disposiciones de carácter general y particular. Sin embargo, no existe un repositorio oficial, completo y validado que permita conocer cuántas de esas normas están vigentes, cuáles han sido derogadas expresa o tácitamente, ni cuáles resultan inaplicables por contradecir la Constitución o por haber perdido su objeto.

Esta situación genera un grave problema de inseguridad jurídica, pues ni siquiera los operadores del sistema de justicia jueces, fiscales, abogados, ni servidores públicos tienen certeza plena del marco normativo aplicable. A ello se suma la práctica institucional de aprobar nuevas leyes sin revisar ni depurar las existentes, lo que conduce a una peligrosa sobrelegislación.

2. Las consecuencias de legislar sin depurar

La inflación normativa no es un fenómeno menor ni meramente técnico. Tiene implicaciones prácticas y jurídicas profundas:

• Desconocimiento generalizado del derecho vigente, incluso por parte de las instituciones llamadas a aplicarlo.
• Contradicciones entre leyes, algunas del siglo XIX, aún formalmente vigentes, y otras recientes que no han derogado expresamente las anteriores.
• Ambigüedad en la administración pública, que propicia arbitrariedad, discrecionalidad e inseguridad en la toma de decisiones.
• Afectación a la inversión extranjera y nacional, al carecer de un marco jurídico previsible.
• Obstáculos para el acceso a la justicia, en especial para los ciudadanos más vulnerables.

En palabras del Tribunal Constitucional dominicano, la seguridad jurídica exige que "el ordenamiento jurídico sea claro, estable, coherente y accesible al ciudadano. Esto, claramente, hoy no se cumple.

3. ¿Es hora de una auditoría normativa nacional?

Ante esta realidad, se impone con urgencia una auditoría jurídica integral del ordenamiento normativo dominicano. Una comisión técnica e independiente, compuesta por juristas, académicos y representantes de las altas cortes, podría:

• Levantar un inventario detallado y actualizado de todas las leyes y normas vigentes.
• Identificar normas obsoletas, inconstitucionales o redundantes.
• Recomendar su derogación expresa o su incorporación en códigos unificados por materias.
• Crear un sistema de información jurídica estatal, digital y de acceso público, obligatorio para todas las instituciones del Estado.

Tal auditoría permitiría organizar el sistema jurídico nacional, fortalecer la transparencia normativa y garantizar mayor coherencia y racionalidad legislativa.

4. Una oportunidad para el fortalecimiento institucional

Este caos normativo no es solo el resultado de la cantidad de leyes, sino de la falta de políticas públicas orientadas a la calidad del derecho. Fortalecer las instituciones públicas implica también fortalecer la calidad normativa, priorizar el análisis de impacto regulatorio, promover la codificación moderna y reducir el uso de leyes como respuestas emocionales a conflictos sociales puntuales.

La República Dominicana necesita avanzar hacia una cultura jurídica de responsabilidad legislativa, donde el derecho no solo se produzca, sino que también se organice, se depure y se explique.

5. Reflexión final

Que en pleno siglo XXI no sepamos cuántas leyes hay en el país es una alerta roja para la institucionalidad. Mientras no se tomen medidas estructurales, seguiremos enfrentando un Estado de derecho formal, pero con debilidades profundas que afectan el ejercicio pleno de la ciudadanía y la consolidación democrática.

En definitiva, el derecho debe ser brújula, no laberinto. Y para que cumpla ese rol orientador, primero debemos saber con claridad qué normas nos rigen y por qué.

Mayobanex Peña

Abogado con una sólida formación en Derecho, licenciado por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y con un postgrado en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha complementado su educación con numerosos cursos y diplomados, participando en congresos y seminarios internacionales. En su trayectoria laboral, ha trabajado en reconocidas firmas de abogados y actualmente presta servicios en N & G Asociados.