Modificación Ley 225-20: ¿Fortalece o dificulta gestión de residuos sólidos?
Unos aseguran que proyecto daría apoyo a las alcaldías, otros lo califican de "retroceso ambiental"
Marvin d
La modificación a la Ley 225-20 Residuos Sólidos sigue generando opiniones encontradas entre representantes de diversos sectores que aseguran, por un lado, que el proyecto otorgaría más recursos para la gestión de los desechos y otros que califican la iniciativa como un "retroceso" que atenta contra la sostenibilidad ambiental.
Para el viceministro de Recursos Costero Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, las modificaciones aprobadas por el Senado son "técnicamente cuestionables" y carentes de un enfoque inclusivo que aborde de manera eficaz los problemas de contaminación procedente de la basura en República Dominicana.
Uno de los puntos que cuestiona el funcionario es la legalización del uso de foam con aditivos que serían biodegradables. "¿En base a qué análisis técnico los senadores afirman que ese aditivo es biodegradable? Y aun si lo fuera, el remedio puede ser peor que la enfermedad, ya que podrían convertirse en microplásticos, mucho más peligrosos", señaló Reyes.
El viceministro expresó su preocupación por la extensión de cinco años para la eliminación de fundas plásticas, una medida que, a su juicio, retrasa más la regulación que el Ministerio impulsa desde el 2008.
Reyes calificó de "inalcanzables" las metas de reciclaje que exigen a los fabricantes incorporar un 10 % de resinas recicladas en 2026 y un 30% en 2027. "Países con sistemas avanzados, como México y España, no han logrado estas metas. Esto muestra que la ley está llena de objetivos incongruentes e inalcanzables", sostuvo.
¿Un ejemplo de "green washing"?
Para Romina Santroni, abogada experta en temas ambientales, quien participó en la redacción del anteproyecto de ley, el proyecto actual "genera cambios en el marco jurídico y en el sector de residuos que posponen la obligación del Estado de velar por la salud de la población".
A través de un comunicado, Santroni indicó que la modificación puede considerarse como lo más parecido al concepto de "lavado de imagen verde" o "green washing", debido a propuestas como la postergación del inicio de la recogida selectiva de residuos por las alcaldías.
"Si no se recogen los residuos de manera separada, el sistema de gestión es despojado de una de las acciones principales, la separación en la fuente", expuso la abogada, quien añadió que el proyecto de ley contempla la regulación de aspectos técnicos sobre materiales de envases que son propios de normas técnicas, y "postergan la implementación de los planes de reducción y manejo de los residuos prioritarios".
Agrega que la iniciativa de modificación establece un manejo de fondos públicos y penalidades "que generan dudas sobre su transparencia". Santroni señala que estas disposiciones "promueven un oligopolio en el sector de residuos y violan principios clave del derecho ambiental, como el de quien contamina paga y el principio de no regresión ambiental".
A juicio de Santroni, el proyecto, aprobado por el Senado "desintegra las bases y el espíritu mismo de la ley de residuos vigente, con el fin de adaptar las disposiciones a un esquema que asegure la sostenibilidad financiera y económica del sistema".
¿Qué dicen los gestores de residuos?
Diario Libre consultó a representantes de empresas que gestionan residuos sólidos, a través de rellenos sanitarios y plantas de revalorización, sobre la iniciativa que se conoce en el Congreso.
Algunos, que prefirieron mantenerse en anonimato, expresaron que las modificaciones podrían beneficiar al sector, "ya que darían un apoyo significativo a las alcaldías y ayuntamientos con fondos destinados para los residuos sólidos y mantener las ciudades y pueblos limpios".
Erick Rizek, gerente general de Móvil Soluciones Ambientales, indicó que la iniciativa "tiene puntos favorables y cosas que hay que revisar". En ese sentido, resaltó como punto importante la revisión del incentivo otorgado a las empresas que reciben desechos en sus instalaciones.
Indicó que actualmente la Ley contempla el pago de 20 dólares por tonelada de residuos que reciben las empresas en plantas de revalorización, mientras que en otras naciones de la región el monto se sitúa entre los 50 y 60 dólares.
El proyecto de ley contempla cambios en el sistema de pago, en el caso de las plantas de valorización, que tienen establecido en la actualidad el pago de 1,200 pesos por tonelada recibida en estas instalación, la modificación establece un pago de cuatro pesos con cincuenta centavos por cada kilo recibido, si se pasa esto a toneladas, serían 4,500 pesos.
El empresario también hizo énfasis en la necesidad de revisar la vigencia de los contratos para la gestión de residuos entre las empresas y el Fideicomiso DO Sostenible, a fin de que puedan extenderse durante más tiempo. Dijo que resulta "ilógico" invertir millones de dólares en plantas o rellenos sanitarios para luego suscribir convenios que solo duren dos años.
Abogan por mayor ambición en la ley
Para la Fundación Ambiental Acción Verde las reformas deben abordar no solo aspectos formales, sino también de fondo, para enfrentar con mayor eficacia las urgencias climáticas y ambientales que afectan al país.
El colectivo recordó que la contaminación por plásticos de un solo uso es un problema grave "que no solo daña nuestros ecosistemas, sino que también contribuye a desastres urbanos, como las inundaciones que han provocado pérdidas humanas y económicas millonarias. Esto exige medidas contundentes y responsables para minimizar su producción y consumo".
A través de un comunicado, Acción Verde propuso al Congreso varias medidas que considera clave, como la prohibición de plásticos de un solo uso dentro de un plazo de dos años, la reducción gradual del uso de envases desechables en organismos estatales y la modificación de la responsabilidad extendida del productor, asignando un "valor de recuperación" a los plásticos de consumo masivo para incentivar su recolección y reciclaje, fortaleciendo la economía circular.
Critican aumento de contribuciones
La Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) calificó como "desproporcionado" el incremento de las contribuciones especiales que deben pagar las empresas por la gestión de los desechos, medida contemplada en la modificación de la Ley de Residuos Sólidos.
El colectivo hizo énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, "que se verían afectadas por aumentos que oscilan entre el 140 % y el 3,750%. Entiende que esta medida podría tener un impacto negativo en la competitividad y sostenibilidad de muchas empresas del sector industrial y otros sectores productivos".
Referente al impacto a los recicladores, la abogada Romina Santroni señaló que el proyecto de ley desplaza a los recicladores tradicionales a quienes "excluye de la cadena de valor". Robinson García, coordinador del Movimiento Nacional de Recicladores (MNRD), sostuvo que la modificación de la Ley 225-20 afectaría a los recicladores (buzos), debido a que "no estarían dentro del rol de competencia para recibir los incentivos en base al reciclaje". García dijo que, en el marco del cierre técnico de los botadores, los empresarios están asumiendo el control de los vertederos "y están sacando a los recicladores. Entonces, no habrá ningún tipo de reciclaje ni de separación, por ende, esas empresas no tendrán nada que presentar para recibir incentivos basados en la recuperación de materiales valorizados". El coordinador del MNRD sostuvo que esa organización enviará al Congreso, al Ministerio de Medio Ambiente y al Fideicomiso DO Sostenible una carta con los planteamientos del Movimiento.
Marvin del CidGuatemalteco con estudios en Ciencias de la Comunicación y amplia experiencia en el campo visual y multimedia. Ha trabajado para varios medios de comunicación en Guatemala y República Dominicana, y sus fotografías han aparecido en importantes publicaciones en diferentes partes del mundo.
Paola WiskyEgresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.
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