
Multas ambientales: estas fueron las más caras entre 2023 y 2024
Los proyectos sin autorización, minería metálica ilegal y ocupación de áreas protegidas fueron los ilícitos más frecuentes
Entre 2023 y 2024, el Ministerio de Medio Ambiente emitió más de 440 sanciones administrativas contra infractores de las normas ambientales por delitos que van desde el desarrollo de proyectos sin autorización y la minería metálica ilegal hasta la ocupación de franjas costeras y áreas protegidas.
En el informe "Gestión de sanciones ambientales impuestas por el Ministerio de Medio Ambiente", actualizado cada mes, las autoridades muestran el costo económico de cometer ilícitos ambientales, con sanciones que, en algunos casos, superan los 10 millones de pesos, además de medidas "cualitativas" que debe asumir el infractor como la remediación.
De acuerdo con las estadísticas, la sanción más costosa emitida en el citado período fue impuesta en mayo de 2024 por 20.4 millones de pesos a una empresa de agregados señalada por realizar actividades de extracción de materiales sin contar con una autorización ambiental.
En segundo lugar se encuentra una multa de 19.6 millones de pesos, colocada en enero de ese mismo año a una empresa inmobiliaria, por intervenir dentro de la franja marítima de los 60 metros en Playa Arriba, en Miches. La compañía también intervino en la canalización del arroyo Palmarito, en El Seibo, y el relleno con arcilla de las dunas de playa.
Las autoridades ordenaron la paralización de todas las actividades hasta tanto el proyecto cuente con una autorización emitida por el ministerio.
De daños a un arrecife a ocupación de río
Por los daños al área del fondo arrecifal en una zona de buceo conocida como El Acuario, en el Monumento Natural Isla Catalina, las autoridades multaron con 18.2 millones de pesos a una empresa en febrero de 2024.
Entre las sanciones más costosas también está una de más de 13.6 millones de pesos impuesta a un hombre por construir varias villas dentro de los 30 metros del río Jamao, en la provincia Espaillat, sin contar con permiso ambiental.
Las sanciones cualitativas consistieron en retirar el proyecto de los 30 metros del área de protección de las corrientes fluviales y en la paralización de actividades hasta que el proyecto se regularizara.
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¿Cómo se establecen las sanciones?
Alejandra Soler, encargada de Gestión de Sanciones Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente, explicó que la Ley 64-00 de Medio Ambiente establece que las multas administrativas pueden oscilar entre uno y 3,000 salarios mínimos, dependiendo del grado del ilícito o si el infractor es reincidente.
"Cuando ocurre una violación, ya sea por no haber cumplido con los requisitos al momento de la permisología, por no tenerla o por tenerla y aun así exceder los límites autorizados, entonces el equipo técnico establece claramente cuál fue el impacto medioambiental y las faltas cometidas", manifestó Juan Aquino, encargado legal de la Dirección de Fiscalización del ministerio.
"No se trata de una escala frívola", sostuvo el funcionario.
Víctor Manzanillo, director jurídico del ministerio, aclaró que las sanciones administrativas pueden aplicarse de manera paralela al proceso penal que se lleva a cabo por el ilícito, a cargo del Ministerio Público.
Las más de 440 sanciones emitidas por Medio Ambiente superan los 400 millones de pesos, de acuerdo con las estadísticas. Sin embargo, las infracciones, luego de ser pagadas, van directamente a la cuenta única del Tesoro."(Una sanción) no es un incentivo para nosotros lograr que ese dinero fluya para el plan operativo anual del Ministerio (...); no repercute en beneficio de los empleados", aclaró Manzanillo.
Los ilícitos más frecuentes
El desarrollo de proyectos sin autorización, las actividades de minería metálica ilegal, la ocupación de franjas costeras y áreas protegidas, y la tala y quema de árboles constituyen los ilícitos más frecuentes registrados por las autoridades entre 2023 y 2024.
Según las estadísticas, los proyectos impulsados sin autorización encabezan la lista, con 91 infracciones en 2023 y 164 en 2024. Le sigue la minería metálica ilegal, con 50 delitos en 2023 y 29 en 2024.
En 2023 y 2024, la ocupación de franjas costero-marinas y áreas protegidas registró 12 y 16 casos, respectivamente. Mientras que la tala y quema ilegal de árboles no varió en el citado período, con 12 delitos registrados cada año.
Las estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente incluyen otros ilícitos que comprenden la violación de permisos ambientales y de la Ley de Medio Ambiente, y el daño a ecosistemas, entre otros.
La remediación
El titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, Francisco Contreras, ha señalado la necesidad de que en el país se apliquen mecanismos que obliguen a los infractores a cumplir con la restauración ambiental.
Con respecto a esto, Alejandra Soler sostuvo que, luego de que el ilícito se comete, "no solamente se procede con la sanción pecuniaria, sino también con el resarcimiento de ese daño, y se le notifica al infractor, ya en el informe o en la resolución definitiva, que tiene que resarcirlo".
Agregó que los técnicos del ministerio verifican "que realmente el infractor ha cumplido con esa parte de la resolución de lo que se le ha notificado".
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El director jurídico, Víctor Manzanillo, recordó que el ministerio "no es un órgano recaudador". "Somos protectores del medio ambiente (...), el daño ambiental no se negocia", dijo, razón por la cual procuran que se fomente la remediación cuando hay un deterioro causado por el infractor.
En ese sentido, Juan Aquino indicó que las autoridades suministran árboles en caso de que se requiera la reforestación de un espacio. "En los momentos en los cuales se necesita de nuestra colaboración, también estamos de la mano (...); más que sancionar, estamos buscando crear mecanismos para educar", indicó. Aclaró que la logística de la remediación debe ser asumida por el infractor.