El alcalde de Dajabón somete un anteproyecto para prohibir venta de terrenos a haitianos
La medida que busca implementar el alcalde se aplicaría únicamente en la frontera
Ismael Hiraldo
El alcalde del municipio de Dajabón, Santiago Riveron, depositó este jueves en la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley que busca prohibir la venta de terrenos y bienes inmuebles a extranjeros, especialmente haitianos, en los zona fronteriza de la República Dominicana, sin importar si su estatus migratorio en el país es legal o ilegal.
Al reunirse con la comisión permanente de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados, Riveron explicó que su propuesta busca evitar lo que describe como una "invasión pacífica" de haitianos que, a su juicio, están adquiriendo propiedades en el país para instalarse definitivamente aquí.
De acuerdo con su planteamiento, la propuesta no solo beneficiaría a Dajabón, sino a todas las provincias fronterizas, ya que procura garantizar el control dominicano sobre las tierras cercanas a Haití.
Según denunció, ciudadanos haitianos están supuestamente comprando propiedades en territorio dominicano, en algunos casos utilizando testaferros, lo que, según dijo, representa "una amenaza" a la integridad nacional.
El alcalde señaló que la Constitución haitiana impide a los extranjeros adquirir terrenos en su frontera y consideró que la República Dominicana debe aplicar una medida similar.
"Nosotros también tenemos que hacer valer esa situación", dijo, al indicar que ningún extranjero debería poder comprar bienes inmuebles en la frontera, aun cuando la compra se realice de manera legal.
Propuso que, en cambio, quienes deseen ocupar tierras o inmuebles en esa zona lo hagan mediante arrendamiento o alquiler, pero no mediante la compra de la propiedad.
En ese sentido, el anteproyecto busca establecer que la venta de inmuebles en los pueblos fronterizos esté reservada exclusivamente para dominicanos, sin excepciones, y que se considera el asunto como "una cuestión de seguridad nacional".
El alcalde aseguró que esta medida no solo apunta a impedir compras de haitianos, sino de cualquier extranjero que intente adquirir terrenos en zonas fronterizas.
Sin embargo, reconoció que el principal foco del problema son los haitianos, quienes, según sus declaraciones, han comprado fincas y terrenos a nombre de terceros o de manera directa, pese a no tener residencia legal en el país.
Afirmó que esa práctica ilegal se extiende tanto entre empresarios como entre ciudadanos comunes provenientes de Haití, y advirtió que de continuar esa tendencia "poco a poco se está perdiendo el país".
Dominicanizar la frontera
Además del control de la propiedad inmobiliaria, el documento incluye propuestas orientadas a la "dominicanización de la frontera", una idea que busca repoblar las zonas de la frontera con ciudadanos dominicanos, garantizándoles servicios de salud, seguridad y desarrollo económico.
La intención, según explicó, es revertir la situación actual en la que muchas comunidades fronterizas presentan una mayor presencia de extranjeros que de dominicanos.
La Constitución
El alcalde enmarcó su iniciativa dentro del mandato del artículo 10, inciso 2, de la Constitución dominicana, que establece que "el régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y dominicanas y el interés nacional".
Riveron consideró que este artículo constitucional respalda su propuesta de limitar la venta de terrenos en esas áreas a extranjeros, especialmente a ciudadanos haitianos.
Al defender el alcance del proyecto, insistió en que "no se trata de discriminar ni de afectar derechos individuales", sino de velar por la seguridad del territorio nacional y precisó que existen precedentes históricos en los que la República Dominicana ha perdido parte de su territorio por situaciones similares.
A convertirse en proyecto
El anteproyecto fue entregado a la comisión de Asuntos Fronterizos, que preside el diputado Rafael Pérez, de la Fuerza del Pueblo.
El congresista explicó que la propuesta de Riveron se trata de un anteproyecto que debe ser analizado para luego ser depositado formalmente como un proyecto de ley, ya que los alcaldes no tienen facultad constitucional para introducir iniciativas legislativas por sí solos.
Ismael HiraldoPeriodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.