Con el plazo encima, los Diputados aceleran salidas para cumplir a tiempo la reforma procesal
Una sentencia del TC emitida en diciembre le dio un año al Congreso para aprobar un nuevo Código Procesal Penal
Ismael Hiraldo
Mientras se percibe que el tiempo se agota, la Cámara de Diputados explora distintas vías para responder a la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó modificar antes de diciembre el Código Procesal Penal.
El órgano legislativo, según explicó su presidente, Alfredo Pacheco, trabaja a contrarreloj con reuniones de alto nivel, revisa si el plazo realmente vence en diciembre y se mueve para lograr un consenso con otras entidades que permita una reforma "sin precipitaciones".
La primera tarea que asumió la cámara baja es verificar la fecha oficial en que el Congreso recibió la notificación de la sentencia del Tribunal Constitucional.
De esa confirmación depende establecer si el conteo del plazo realmente está en su fase final o si, por el contrario, aún se dispone de más tiempo del que se cree.
En su sentencia de diciembre del 2024, el Tribunal Constitucional anuló por completo el Código Procesal Penal y dio un plazo de un año al Congreso para que apruebe una nueva ley.
Sin embargo, Pacheco aclaró este miércoles que el plazo realmente empezó a correr cuando el órgano legislativo recibió la sentencia, no cuando el Tribunal Constitucional la emitió.
Para ello, según explicó, la Cámara de Diputados se encuentra analizando la verdadera fecha de la notificación para determinar si el Congreso cuenta con más tiempo para reformar el Código Procesal Penal o si realmente tiene menos de un mes para la enmienda.
El presidente de los diputados explicó que la situación exige rigor, ya que el proyecto llegó del Senado a la Cámara Baja apenas el 4 de octubre y solo ha podido ser estudiado durante un mes.
En ese sentido recordó que se trata de una reforma "extremadamente compleja" porque toca derechos fundamentales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Por esa razón, aunque existe preocupación por el tiempo, la Cámara de Diputados descartó aprobar una versión "acelerada, improvisada o que implique retrocesos en garantías adquiridas desde la reforma constitucional de 2010".
Diálogo con otros sectores
La estrategia para avanzar también incluye reuniones de alto nivel entre los distintos poderes del Estado.
Según dijo Pacheco, el órgano que dirige está en diálogo con el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros actores del sistema para buscar una ruta consensuada que permita cumplir con la sentencia "sin sacrificar la calidad jurídica" del texto.
Paralelamente, se están recibiendo evaluaciones y observaciones de especialistas que, según Pacheco, han aportado "elementos valiosos" para perfeccionar la versión final de la reforma.
Aunque reconoció que el Senado realizó un trabajo importante en el proyecto enviado, Pacheco insistió en que la pieza aún requiere afinamientos y revisiones que garanticen un equilibrio entre la necesidad de la ley y la persecución de los crímenes.
Su postura es que la reforma "debe mantener o ampliar las garantías ya existentes, y no restringirlas".
Disensos
En cuanto a las diferencias que ha concitado el proyecto entre sectores jurídicos, indicó que no son numerosas y que no superan los 30 puntos, lo que consideró como manejable dentro del proceso de consenso.
Aseguró que la Cámara de Diputados no se limitará a lamentar el corto tiempo disponible, sino que tomará acciones concretas para completar una salida responsable.
En ese orden, reiteró que cualquier decisión se tomará sin arbitrariedades y bajo la convicción de que el nuevo Código Procesal Penal "debe responder a los estándares constitucionales y a los derechos fundamentales que rigen desde 2010".
El objetivo, dijo, es ofrecer al país una reforma sólida, consensuada y respetuosa del debido proceso.
Ismael HiraldoPeriodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.