La compleja reforma procesal se acelerará en solo tres semanas para no retroceder a ley vieja
El Tribunal Constitucional dio un año al Congreso para aprobar una nueva ley del Código Procesal Penal
Ismael Hiraldo
La Cámara de Diputados se encamina a realizar en menos de tres semanas una compleja reforma al Código Procesal Penal, conminada por el plazo que impuso el Tribunal Constitucional cuando anuló la ley por errores en su contenido y que vence alrededor del 11 de diciembre.
El encargado de la Comisión Permanente de Justicia, Wandy Batista, explicó ayer que los diputados no tienen margen para deliberar sobre tiempos políticos o conveniencias institucionales, sino únicamente cumplir con el plazo del Tribunal Constitucional, aunque estén presionados con el tiempo.
En caso de que la aprobación de los diputados no ocurra antes del 11 de diciembre, el país estaría rigiéndose por el viejo Código Procesal Penal que se promulgó en el año 2002 y que no contiene los avances de la ley del 2015 como las garantías procesales o los derechos de los imputados.
En la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en diciembre del 2024, la alta corte dispuso que, si el Congreso no hace una nueva ley del Código Procesal Penal antes del 11 de diciembre de este año, la actual saldría del sistema jurídico, lo que provocaría que el sistema de justicia se rija por una vieja ley promulgada hace 23 años.
Esto implica que el sistema jurídico del país retrocedería en aspectos como los derechos procesales, los plazos, los roles, los derechos de las víctimas, la interpretación extensiva, el ajuste de los plazos para la prisión preventiva y justificaciones más fortalecidas de los jueces a la hora de imponer medidas de coerción.
Trabajo acelerado
Con esa premura para evitar retroceder en materia jurídica, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados trazará una ruta de trabajo acelerada para estudiar una compleja reforma al Código Procesal Penal que al Senado le tomó alrededor de diez meses y que ahora debe ser vista en tres semanas por los diputados.
Según dijo el diputado Batista, quien coordina los análisis de la pieza, la misión de la comisión que dirige es producir un informe a tiempo, aunque esto implique acelerar el estudio de un proyecto denso y con muchas críticas.
Batista sostuvo que el trabajo se desarrollará con jornadas dobles para revisar tanto los puntos controvertidos del Código Procesal Penal como el articulado completo.
Los comisionados, según precisó, han identificado entre 20 y 30 aspectos conflictivos en el debate público y consideran que todavía existe espacio para examinar la larga pieza por completo antes de que el plazo constitucional concluya.
Su posición es que, aunque la tarea sea compleja y el tiempo limitado, la Cámara debe garantizar que no se produzca un vacío jurídico cuando quede sin efecto la norma que el Tribunal Constitucional declaró como no conforme con la Constitución.
Reconoció que existen debates entre juristas sobre si una ampliación del plazo procedería o no, e incluso recordó que en otros países con sistemas judiciales parecidos han ocurrido situaciones similares.
Sin embargo, insistió en que el enfoque actual es trabajar al máximo para llegar a tiempo, sin asumir gestiones que no están dentro de las atribuciones de la comisión.
El legislador indicó que el ritmo de análisis apenas entró en materia este jueves, a pesar de que el plazo está a punto de agotarse.
En ese orden, explicó que incluso se está revisando la fecha exacta en que la sentencia del Tribunal Constitucional fue notificada al Congreso, porque esa precisión determina si el límite es el 11 de diciembre o si podría ser tan pronto como el día 6, como sostienen algunos sectores.
Aun así, afirmó que la comisión tiene la intención de rendir un informe a tiempo para que el Pleno de la Cámara de Diputados pueda conocer el proyecto dentro del margen legal, ya sea para aprobarlo o rechazarlo según la votación mayoritaria.
Proyecto urgente
Para cumplir con el calendario constitucional, los diputados analizan la opción de que el proyecto se declare de urgencia cuando sea votado, lo que permitiría agilizar el trámite legislativo.
El procedimiento de urgencia es una herramienta regulada por los reglamentos congresuales que permite que los proyectos sean aprobados en primera y segunda discusión en una misma jornada de trabajo, lo que evita retrasos en las iniciativas.
La comisión, según explicó Batista, considera indispensable respetar el plazo porque entiende que la Cámara de Diputados tiene la obligación institucional de someterse a lo dispuesto por la sentencia del Tribunal Constitucional.
Además del estudio técnico, el proceso incluirá la incorporación de múltiples observaciones enviadas por abogados, académicos, organizaciones de interés y legisladores que no forman parte de la comisión.
Todas estas sugerencias serán evaluadas, ya sea a lo interno de la comisión o en una posible vista pública que, según adelantó Batista, podría ser convocada para escuchar a todos los actores, incluyendo el Ministerio Público y la Defensoría Pública.
Aun con la complejidad del proyecto y la acumulación de observaciones, la Comisión Permanente de Justicia insiste en que hará "todo lo humanamente posible" para entregar su informe dentro del plazo impuesto.
Su propósito, según explicó su presidente, es evitar que la República Dominicana llegue a la fecha límite sin una norma procesal penal vigente que se corresponda con el mandato constitucional.
Viejo código procesal
En su sentencia emitida en diciembre del 2024, el Tribunal Constitucional anuló la Ley 10-15 sobre el Código Procesal Penal por errores en el procedimiento de su aprobación.
Ismael HiraldoPeriodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.