Gobierno deposita en el Congreso la Ley Mirabal contra la violencia vicaria, digital y política
La ministra de la Mujer pidió al Congreso aprobar la ley en la actual legislatura
Ismael Hiraldo
El Gobierno depositó este martes ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley Mirabal, una iniciativa que busca fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres e incorporar nuevas modalidades de violencia, entre ellas la vicaria, la política y la ejercida mediante tecnologías digitales.
La propuesta reúne cinco proyectos impulsados por diputadas y procura establecer una ley integral que articule la prevención, atención, protección, investigación y sanción de las distintas formas de violencia contra las mujeres.
Entre sus principales planteamientos figuran el reconocimiento de la violencia vicaria, una mejor protección de las víctimas y la incorporación de procedimientos para mejorar la respuesta del Estado ante las agresiones.
Al depositar el proyecto en al Cámara de Diputados, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, pidió a los legisladores que prioricen la pieza para que sea aprobada en la actual legislatura, que concluye en enero del 2027.
Reyes reconoció que la aprobación de leyes integrales toma su tiempo, pero pidió que todas las bancadas políticas se unan para garantizar que el proyecto que protegería a las mujeres se apruebe sin trabas y durante los próximos tres meses.
Lo que contempla
El proyecto también contempla la violencia económica, patrimonial y política, según explicó Aracelis Villanueva, presidenta de la comisión de Asuntos de Familia y Equidad de Género del Senado.
Uno de los aspectos centrales de la Ley Mirabal, según Villanueva, es el reconocimiento de modalidades de violencia que requieren respuestas específicas, como la vicaria y las agresiones cometidas mediante tecnologías.
La violencia vicaria se refiere a las situaciones en las que se utiliza a terceras personas, especialmente hijos e hijas, para causar daño a una mujer.
- El proyecto también contempla la violencia digital, así como otras manifestaciones de violencia contra las mujeres, entre ellas la económica, patrimonial y política.
Entre las medidas anunciadas por la senadora Villanueva figura la revisión judicial de las órdenes de protección en un plazo de 48 horas.
La legisladora también explicó que el proyecto establecería la obligación de iniciar rápidamente la búsqueda de una mujer desaparecida, sin esperar 24 horas.
Villanueva indicó, además, que la iniciativa contempla modificaciones en la respuesta penal frente al feminicidio para que ese delito se castigue aunque no haya una relación de pareja entre la víctima y el victimario.
Sin embargo, el Código Penal promulgado en 2025 ya reconoce este delito aunque no exista una relación de pareja entre la víctima y el agresor.
"Si teniendo la mayoría del PRM en el Congreso no lo aprobamos, nos van a reclamar y nos van a reclamar con razón", concluyó la legisladora.
Un solo Estado frente a la violencia
Durante la presentación de la iniciativa, la ministra de la Mujer sostuvo que el proyecto busca evitar que las mujeres tengan que acudir repetidamente a distintas instituciones sin encontrar una respuesta coordinada.
"Una mujer en peligro no debe encontrar muchas puertas, debe encontrar un solo Estado", expresó.
Reyes explicó que, desde el 2012, el Congreso ha conocido distintas iniciativas para establecer una ley integral contra la violencia hacia las mujeres, pero estas todavía no se habían convertido en una ley de ese alcance.
- A su juicio, la Ley 24-97 representó un avance al dar herramientas para prevenir, perseguir y sancionar la violencia, aunque considera que las necesidades actuales requieren una ley más amplia.
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La ministra señaló que, al analizar casos en los que la respuesta estatal resultó insuficiente, se identificaron situaciones en las que las señales de alerta estaban distribuidas entre distintas instituciones, sin una articulación adecuada.
Aunque reconoció que la aprobación de una ley no resolverá por sí sola la violencia contra las mujeres, sostuvo que permitiría establecer una estructura de actuación más organizada.
La Ley Mirabal también contempla medidas dirigidas a las personas que dependen de las mujeres afectadas por la violencia.
Villanueva explicó que el Estado tendría la obligación de procurar que los hijos de las víctimas continúen sus estudios y puedan acceder a becas universitarias.
Una iniciativa que reúne años de propuestas
La exdiputada Minou Tavárez Mirabal explicó que el propósito es superar las limitaciones identificadas durante años en la aplicación del marco legal contra la violencia y contribuir a reducir los índices de agresiones y feminicidios.
Ismael HiraldoPeriodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.