27 senadores proponen ley que obliga a dar 50 % de ayudas arroceras a pequeños productores
La propuesta surge tras la derogación de medidas arancelarias que regulaban la importación de arroz
Ismael Hiraldo
Un grupo de 27 senadores de distintos partidos políticos propuso una ley que obligaría al Estado a destinar al menos la mitad de los recursos públicos utilizados en ayudas económicas a productores de arroz a los pequeños agricultores del sector.
La iniciativa, impulsada por el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, y firmada por otros 26 congresistas, busca establecer un marco legal para proteger y fortalecer la producción nacional de arroz, en medio de las preocupaciones que generó entre los productores la eliminación de las medidas arancelarias que regulaban su importación.
El proyecto establece que, de los recursos que el Gobierno ejecute cada año en beneficios para los arroceros, al menos un 50 % deberá destinarse a pequeños productores.
Esto significa que si, por ejemplo, el Estado dispone de 100 millones de pesos para entregar ayudas económicas a los productores, por lo menos 50 millones tendrían que beneficiar a los pequeños agricultores.
El porcentaje no se calcularía sobre todo el presupuesto destinado al sector, sino únicamente sobre el dinero utilizado en ese tipo de asistencia.
La propuesta excluye de ese cálculo los recursos destinados a infraestructura pública general, investigación científica y operaciones crediticias de las instituciones financieras.
Además, establece que los beneficiarios deberán seleccionarse mediante criterios que tomen en cuenta su categoría como productores, sus necesidades y las características de cada programa.
Medidas anunciadas
En caso de que se detecten indicios sustentados de prácticas comerciales desleales, importaciones subvencionadas o aumentos de las importaciones que puedan perjudicar a los productores dominicanos, el proyecto dispone que el Ministerio de Agricultura deberá remitir la información a la Comisión de Defensa Comercial para que evalúe la situación.
La propuesta no establece una prohibición de las importaciones ni nuevos aranceles, sino un procedimiento para investigar posibles daños a la producción nacional y determinar si corresponde aplicar mecanismos de defensa comercial.
Programa para fortalecer la producción
La iniciativa también plantea crear el Programa Nacional de Competitividad Arrocera para aumentar la productividad de los terrenos cultivados, reducir los costos de producción y mejorar la calidad del arroz dominicano.
En cuanto a la seguridad alimentaria, el proyecto establece que el Estado podrá constituir una Reserva Estratégica Nacional de Arroz para disponer de existencias ante emergencias, desastres naturales, interrupciones extraordinarias del suministro u otras situaciones que representen un riesgo grave para el abastecimiento del país.
En materia económica, la propuesta dispone que Agricultura promueva mecanismos de financiamiento y plantea establecer garantías crediticias para facilitar que los pequeños y medianos productores que no cuenten con suficientes garantías puedan acceder a préstamos.
El Ministerio de Agricultura, de acuerdo con el proyecto, también tendría que enviar anualmente al Congreso un informe sobre los recursos utilizados, los beneficiarios, la producción, los costos, los precios y las importaciones.
Contexto de la propuesta
El proyecto surge luego de que el Poder Ejecutivo derogara, mediante el decreto 635-26, el decreto 693-24, que establecía medidas arancelarias para regular la importación de arroz y proteger la producción nacional ante los cambios previstos en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
La derogación se produjo en medio de las conversaciones comerciales con Estados Unidos, cuyo Gobierno había planteado la necesidad de eliminar esas medidas para ajustar las condiciones de acceso del arroz estadounidense al mercado dominicano, conforme al DR-Cafta.
Ante ese escenario, la propuesta de los legisladores busca establecer por ley una política de protección y fortalecimiento de la producción arrocera, en lugar de depender exclusivamente de disposiciones del Poder Ejecutivo.
Ismael HiraldoPeriodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.