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Decreto: Fernando P. Henríquez coordinará a los abogados del Estado para recuperar bienes

El nombramiento sucede luego de la renuncia de Jorge Luis Polanco Rodríguez

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Decreto: Fernando P. Henríquez coordinará a los abogados del Estado para recuperar bienes
La medida que designa a un nuevo coordinador de los abogados del Estado para la recuperación de bienes en casos de corrupción está contenida en el decreto 217-15, el cual fue dado a conocer la noche de este lunes por la Presidencia de la República. (FUENTE EXTERNA)

El presidente Luis Abinader designó a Fernando P. Henríquez como coordinador general del equipo de abogados que representa al Estado en la recuperación de bienes y recursos en casos de corrupción.

La medida está contenida en el decreto 217-15, el cual fue dado a conocer la noche de este lunes por la Presidencia de la República.

Asimismo, el mandato del Poder Ejecutivo ratificó a Manuel Conde Cabrera y Rafael Rivas Solano como coordinadores del referido equipo.

El nombramiento sucede luego de la renuncia de Jorge Luis Polanco Rodríguez, quien fuera coordinador general del referido grupo desde su conformación el pasado 13 de enero del 2021, para asumir la defensa de Antonio Espaillat, quien enfrenta una posible responsabilidad por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, de la cual era representante.

Polanco Rodríguez presentó su renuncia al jefe de Estado a través de una carta con efecto inmediato. "Para evitar cualquier posibilidad de confusión de roles o interpretación errónea en la opinión pública", reza una parte del documento.

En coordinación con la Consultoría Jurídica

En la ocasión en que Abinader designó a los abogados para representar al Estado en la recuperación de bienes, ordenó que los coordinadores deberán ejecutar su mandato en coordinación con la Consultoria Jurídica del Poder Ejecutivo, a la cual deberán remitir un informe trimestral o cuantos fuesen requeridos por este organismo, sobre el curso de los procedimientos y acciones que interpongan.

El gobernante, además, instruyó a todos los entes y órganos que conforman la Administración Pública centralizada o autónoma, bajo dependencia del Poder Ejecutivo, a identificar los casos de distracción de patrimonio público ocurridos, sean estos potenciales, sospechosos, presumibles o verificados tanto en el pasado como en el presente, en las instituciones que administran.

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