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El método del PRM para escoger autoridades sin elecciones provoca ronchas que llegan a la justicia

Por orden del partido, las autoridades internas del oficialismo se escogerán por consenso y no por votos

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El método del PRM para escoger autoridades sin elecciones provoca ronchas que llegan a la justicia
Dirección Ejecutiva del PRM. (FUENTE EXTERNA)

El proceso impulsado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para renovar sus autoridades internas mediante acuerdos entre aspirantes, en lugar de votaciones competitivas, ha comenzado a generar tensiones dentro de la organización, reclamos de exclusión y conflictos que ya escalaron hasta la justicia electoral.

La organización oficialista se encuentra inmersa en la renovación de sus autoridades nacionales, provinciales y municipales mediante un modelo basado en consensos internos y que establece que los cargos dirigenciales en todo el país sean escogidos por consenso y no por votos.

Sin embargo, la estrategia, en vez de unificar al partido, arrastra líos que actualmente se ventilan en el Tribunal Superior Electoral.

La comisión del PRM fijó el 19 de abril como fecha límite para concretar acuerdos "libres y voluntarios" en los distintos territorios. Hasta la fecha actual no se habían dado a conocer públicamente acuerdos generales alcanzados por la organización.

Conflictos llegan al TSE

Uno de los casos que terminó en la justicia fue el encabezado por Carlos Willian Soriano y otros dirigentes, quienes interpusieron una acción de amparo preventivo contra el PRM, la Comisión Nacional de Elecciones Internas y la Comisión Nacional de Consenso.

Los accionantes alegaban irregularidades en el proceso de consenso en Santo Domingo Norte y denunciaron exclusiones dentro de las negociaciones por consenso para escoger autoridades municipales.

Según la versión presentada por Soriano durante una audiencia en el TSE, la comisión emitió inicialmente una circular el 18 de marzo estableciendo las reglas para las aspiraciones internas y promoviendo acuerdos entre candidatos.

Durante la audiencia judicial, Soriano sostuvo que en Santo Domingo Norte varios aspirantes se reunieron para alcanzar consensos y que un grupo mayoritario acordó posicionarlo como el secretario general del PRM en la localidad, tal como lo establece el método del oficialismo y a  través de un acta formal.

Sin embargo, aseguró que posteriormente la comisión emitió otra circular con requisitos adicionales y que algunos aspirantes terminaron siendo excluidos del proceso, entre ellos la diputada Patricia Núñez, el vicealcalde Leandro González y el propio Soriano.

El dirigente alegó, además, que el argumento utilizado para excluirlo fue que no había votado en procesos anteriores, una situación que, según afirmó, fue desmentida mediante una certificación de la Junta Central Electoral.

El Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible la acción de amparo preventivo al considerar que existía otra vía jurisdiccional para reclamar los derechos alegadamente vulnerados.

Otro recurso judicial

Otro caso que también llegó al TSE fue el del dirigente José Antonio Trinidad Sena, quien también interpuso una demanda en referimiento electoral contra la Comisión Nacional de Consenso, la Comisión Nacional de Elecciones Internas y el PRM.

Trinidad Sena buscaba la suspensión de una circular partidaria mientras era conocido un recurso de reconsideración relacionado con su exclusión del proceso, alegando que se estaban vulnerando sus derechos a elegir y ser elegido dentro de la organización.

El TSE rechazó el recurso al considerar que durante la audiencia no fue demostrada la existencia de urgencia, daño irreparable o una perturbación manifiestamente ilícita que justificara la intervención inmediata del tribunal.

Más reclamos

Las críticas al modelo de consenso también fueron externadas por Guido Gómez Mazara, dirigente del PRM y presidente de Indotel, quien remitió una comunicación al presidente del partido, José Ignacio Paliza, y a la secretaria general, Carolina Mejía, expresando preocupación por el rumbo del proceso interno.

En la carta, Gómez Mazara advirtió que "convertir el consenso en norma" podría afectar la democracia interna del partido y limitar el derecho de la militancia a elegir sus autoridades.

Las tensiones por el método de consenso llegaron a la provincia Peravia, donde un grupo de dirigentes, autoridades municipales y líderes de base depositó un documento en la Casa Nacional del PRM exigiendo la convocatoria de una convención interna democrática.

Los firmantes son el diputado Luis Báez y los alcaldes Raúl Batista y Santo Ramírez, quienes rechazaron cualquier modalidad de elección basada en delegados o consensos porque, a su juicio, son métodos que limitan la participación de la militancia.

En Santo Domingo Este también se produjo una reacción contra el método utilizado por la comisión partidaria y un bloque de aspirantes a cargos internos rechazó lo que calificó como un "supuesto consenso" en esa demarcación, alegando que no cumplió con los principios democráticos ni con los procedimientos establecidos por el partido.

El documento fue entregado por Bienvenido Ortiz y Julia Martínez, junto a otros aspirantes a distintas posiciones partidarias, entre ellos Néstor Julio Cruz Pichardo, Domingo Batista, José Sánchez, Heriberto Regalado, Salomón Moreta, Otto Lorenzo y Nathali Mañón.

La última queja pública ocurrió en Santiago, donde un grupo de dirigentes, incluidos diputados oficialistas actuales, también cuestionaron el método del consenso argumentando que los acuerdos no surten efectos "si se excluye a la base del partido", por lo que recomendaron otras estrategias para la renovación.

Autoridades este año 

En medio de las diferencias y la falta de unión en el método escogido por el PRM para renovar a sus autoridades, el partido se enfrenta a la renovación de su liderazgo en todo el país, un proceso que debe concluir este mismo año, según los estatutos del partido gobernante. 

Las nuevas autoridades escogidas estarán en sus funciones hasta 2030, pero el método de consenso para escogerlas se encuentra a fuego cruzado.

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Periodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.