Supremo de EE.UU. revisará ley de Tennessee que prohíbe la transición de género a menores

El Tribunal Supremo anunció este lunes que revisará si una ley del estado de Tennessee que prohíbe la asistencia sanitaria de transición de género a personas menores de 18 años viola la Constitución. Será la primera vez que los magistrados considerarán la constitucionalidad de unas restricciones aprobadas en 23 estados del país desde 2021.

Los jueces estudiarán el caso después de que jóvenes transgéneros, sus familias y proveedores médicos pidieran al Alto Tribunal el pasado otoño que revisase la constitucionalidad de una decisión del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de EE.UU. que confirmó la prohibición de Tennessee.

El Departamento de Justicia recurrió junto a los adolescentes transexuales ante la Corte Suprema y los jueces aceptaron el recurso del gobierno de la Administración Biden.

Concretamente, la ley de Tennessee promulgada en marzo de 2023, conocida como SB1, prohíbe a los proveedores de atención sanitaria "prescribir, administrar o dispensar cualquier bloqueador de la pubertad u hormona" si el tratamiento es para "permitir a un menor identificarse con, o vivir con, una identidad inconsistente con el sexo del menor".

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También impide administrar tratamiento si es para tratar "un supuesto malestar o angustia por una discordancia entre el sexo del menor y la identidad afirmada".

Esta cuestión, de la que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado nunca directamente, se debatirá a partir del próximo octubre, cuando dé comienzo el próximo mandato de dicha corte y, probablemente, la decisión llegue a finales de junio de 2025.

El resultado tendría repercusiones en una oleada de medidas legislativas por parte de los legisladores estatales que restringen tratamientos como los fármacos que bloquean la pubertad, la terapia hormonal o las cirugías para menores con disforia de género.

Actualmente, los infractores de la ley de Tennessee, que entró en vigor el 1 de julio de 2023, pueden enfrentarse a sanciones civiles de 25,000 dólares, medidas disciplinares profesionales y a responsabilidades civiles.

EFE

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