Regresa a Puerto Rico dominicana víctima de violencia doméstica reportada injustamente al ICE
Aracelys fue arrestada el pasado 5 de junio durante una visita al Ayuntamiento de Cabo Rojo para registrar su negocio
Diario Libre USA
La dominicana que fue reportada a las autoridades de inmigración por un policía municipal de Cabo Rojo, Puerto Rico, regresó a la isla el pasado sábado 28 de junio, luego de pasar casi 20 días detenida, en los que fue trasladada hacia Estados Unidos para una deportación que no le correspondía debido a su estatus de protección como víctima de violencia doméstica.
"Muy feliz, gracias a Dios y a este pueblo hermoso que no me dio la espalda. En mi trayecto no pensé que tendría tanto apoyo. Todo salió a la luz y ya estoy aquí. Seguimos para adelante con la frente en alto, porque aquí vinimos a trabajar", expresó Aracelys Terrero Mota a Telemundo.
La mujer, antes conocida solo como Aracelys, volvió a Puerto Rico tras ser puesta en libertad bajo fianza el pasado martes, luego de que se le celebrara una vista. Ahora la dominicana continuará su proceso para obtener la residencia permanente, según informó su abogado a los medios.
Aracelys fue arrestada el pasado 5 de junio durante una visita al Ayuntamiento de Cabo Rojo para registrar su negocio. Al salir, fue arrestada por agentes de inmigración y posteriormente trasladada a un centro de detención en Texas, según denunció la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico.
Además de Texas, la dominicana también permaneció en centros de detención en Florida y Nuevo México, según la organización.
Los inmigrantes dominicanos y de otras nacionalidades arrestados en Puerto Rico que no acceden a irse del país de manera voluntaria son enviados a centros de detención fuera de la isla, en estados como Texas y Florida, desde donde son trasladados a su país de origen meses después de ser arrestados.
"En Puerto Rico se dan detenciones, pero por una práctica general del Gobierno de Estados Unidos, prácticamente todos los migrantes detenidos son trasladados fuera de Puerto Rico. Luego de la detención, pueden estar en Puerto Rico de 24 a 78 horas hasta que los mueven", ha explicado Annette Martínez Orabona.Para la organización, aunque los traslados entre centros dentro de Estados Unidos son una práctica habitual, que los inmigrantes arrestados en Puerto Rico sean sacados de la isla es algo preocupante, "porque no solo supone separarlos de sus familiares y comunidad, sino también de su representación legal".
Sobre su arrestado, calificado de injusto, la dominicana solo dijo que "A veces hay atropellos que no podemos permitir, pero que seguimos para adelante con la frente en alto, porque aquí vinimos a trabajar, es lo que hacemos, y, siempre y cuando estemos en la derecha, no nos podemos quedar callados".
"Nunca debió haber ocurrido"
La dominicana había llegado a Puerto Rico huyendo de su pareja. Al momento de su arresto, residía en la isla y contaba con una visa de trabajo aprobada, además de estar protegida como sobreviviente de violencia doméstica.
"La detención de Aracelys nunca debió haber ocurrido, y tanto las autoridades municipales como estatales y federales deben rendir cuentas al respecto. Desde la ACLU de Puerto Rico celebramos este paso que le permite a Aracelys reunirse con su familia y vecinos en Puerto Rico, pero alertamos que, como este, existen diversos casos de detención ilegal y arbitraria, y exigiremos respuestas", expresó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la organización.
- La organización reiteró que la Policía Municipal carece de autoridad para ejecutar leyes migratorias sin un acuerdo 287(g) con el gobierno federal o una orden judicial válida.
La ACLU advirtió que la libertad bajo fianza no pone fin al proceso administrativo que enfrenta Terrero, quien cuenta con permiso de trabajo y protección bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés).
La organización también denunció que, tras ser detenida, Terrero fue trasladada fuera de Puerto Rico sin respetar el debido proceso.
"El Gobierno de Puerto Rico y las agencias del orden público no pueden convertirse en partícipes de la barbarie. Todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Puerto Rico, aparte de políticas extremistas y de exclusión, no puede ser adoptado por un pueblo como el nuestro, lleno de personas que solamente tienen como norte el amor, la comprensión y el respeto por nuestros hermanos extranjeros", expresó el abogado Ángel Robles, quien representa a Terrero y ha colaborado con la ACLU en el caso.
Carta a Jenniffer González
La ACLU recordó que el pasado 9 de junio envió una carta a la gobernadora Jenniffer González Colón exigiendo transparencia sobre la información que el gobierno estatal comparte con autoridades federales en casos migratorios, así como la publicación de protocolos que garanticen el debido proceso y una protección especial para víctimas de violencia de género.
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