Senadores de EE. UU. exigen explicaciones sobre empresa militar privada contratada en Haití

Nueve senadores demócratas, incluidos Elizabeth Warren y Bernie Sanders, han exigido al gobierno del presidente Donald Trump explicaciones urgentes sobre la contratación de una empresa militar privada vinculada al polémico exdirector de Blackwater, Erik Prince, para operar en Haití utilizando drones armados.

La denuncia, revelada por la periodista Jacqueline Charles en el Miami Herald, apunta a posibles violaciones de leyes estadounidenses y tratados internacionales sobre exportación de armas y presencia de mercenarios.

En una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, los legisladores denuncian la falta de transparencia sobre el acuerdo firmado por el gobierno haitiano con Prince, quien lideró una de las compañías más infames de la historia reciente: Blackwater Worldwide, implicada en la masacre de civiles en Nisour Square (Irak, 2007).

Los senadores advierten que las operaciones de esta nueva empresa —cuyo nombre aún no ha sido revelado por Prince ni por las autoridades haitianas— incluyen el uso de drones armados para combatir pandillas en Puerto Príncipe, en el marco de una fuerza especial que opera directamente desde la oficina del primer ministro haitiano.

La existencia de al menos 150 contratistas ha sido confirmada por fuentes públicas, y según la carta legislativa, ya se han realizado envíos de armas hacia Haití para su uso por esta fuerza privada.

"Estas operaciones privadas ponen en riesgo la legitimidad y eficacia de la misión multinacional liderada por Kenia, respaldada por EE.UU. y sancionada por la ONU", advierten los senadores. La misión oficial busca estabilizar Haití bajo un marco multilateral transparente, mientras que la empresa de Prince actúa sin rendición de cuentas y bajo acuerdos opacos.

Licencias de exportación de drones armados

El Congreso también exige saber si el Departamento de Estado otorgó licencias de exportación o autorizó actividades que están claramente restringidas por el embargo de armas vigente sobre Haití.

"El despliegue de drones armados, el envío de armamento y la participación de mercenarios estadounidenses constituyen actividades que requieren autorización previa. ¿Se concedieron?", pregunta la carta.

La preocupación no se limita al contrato con Prince. Los senadores alertan sobre el riesgo de que estas fuerzas privadas estén operando en coordinación con unidades de la Policía Nacional Haitiana, institución acusada de abusos sistemáticos a los derechos humanos.

De ser cierto, se estaría violando la legislación estadounidense que prohíbe la colaboración con entidades implicadas en ejecuciones extrajudiciales.

Además, los legisladores cuestionan la contradicción en la política migratoria hacia Haití: mientras el país ha sido incluido en una lista de naciones con prohibición de viaje, la administración Trump considera que es seguro terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos que viven en EE.UU.

"Estas dos decisiones se contradicen: no puede ser que Haití sea demasiado peligroso para dejar entrar haitianos, pero lo suficientemente seguro para deportarlos", denuncian los senadores.

El gobierno de Trump tiene hasta el 15 de agosto para responder a estas interrogantes. Mientras tanto, crece la inquietud sobre el regreso encubierto de las prácticas que convirtieron a Blackwater en símbolo de la guerra privatizada y sin rendición de cuentas.

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