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Adriano Espaillat
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Espaillat critica ley que puso fin al cierre de Gobierno en EE. UU. y advierte impacto a seguros

El representante votó en contra del proyecto, que fue aprobado sin ampliar los subsidios de seguridad sanitaria

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Espaillat critica ley que puso fin al cierre de Gobierno en EE. UU. y advierte impacto a seguros
El congresista domínico-estadounidense, Adriano Espaillat, en el Palacio Nacional el viernes 22 de noviembre de 2024.

(ARCHIVO)

El congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat advirtió que el proyecto convertido en ley la noche del miércoles y que permitió la reapertura del Gobierno de Estados Unidos tras 43 días de parálisis incrementará la prima del seguro de salud para millones de estadounidenses, en un hecho que, a su juicio, antepone una vez más "los intereses de los políticos a los del pueblo".

"El acuerdo de hoy (ayer) no hace nada para impedir que 20 millones de estadounidenses vean duplicarse o triplicarse sus primas de seguro médico, ni detiene las disposiciones del paquete de conciliación presupuestaria que dejarían a 15 millones de personas sin cobertura de Medicaid", dijo en una declaración sobre el proyecto que rechazó durante la votación de anoche.

Espaillat, representante del distrito 13 de Nueva York en el Congreso estadounidense, auguró "un impacto devastador" del recorte a los subsidios de programas sanitarios, no solo para las personas, sino también para el sistema de salud en general.

"Hospitales de la red de seguridad social como Montefiore y clínicas financiadas con fondos federales se enfrentan a la posibilidad de eliminar servicios o cerrar definitivamente", explicó.

Poco antes de las 10:30 de la noche del miércoles, el presidente Donald Trump firmó el proyecto que pone fin al cierre de Gobierno más largo de la historia.

El paquete, aprobado sin ampliar los subsidios de seguridad sanitaria, incluye financiación para agencias federales, extensiones temporales y una controvertida cláusula que permite a los senadores demandar al Departamento de Justicia por registros telefónicos vinculados al asalto al Capitolio de 2021.

  • La falta de financiamiento en temas de salud pública amenaza al programa Obamacare, que será eliminado después de diciembre.

"Debemos exigir un acuerdo de financiación que satisfaga las necesidades de cuidado de salud de nuestra población y que defienda la integridad del Gobierno. Por estas razones voté en contra de esta propuesta, porque el servicio público debe consistir en servir al pueblo, no en servirnos a nosotros mismos", concluyó.

"Mayor sufrimiento posible"

El representante acusó a los republicanos y a la administración Trump de intentar causar "el mayor sufrimiento posible" durante los 43 días que duró el cierre gubernamental y la lucha de los demócratas por la atención médica.

Recordó que la administración retuvo los cupones de alimentos durante semanas y, cuando algunos estados acataron una orden judicial para liberar los beneficios completos, el presidente exigió que se retiraran, un "tira y afloja" que dificultó la capacidad de 42 millones de estadounidenses de alimentar a sus hijos.

Critica cláusula sorpresa

Espaillat también criticó la cláusula relacionada con el asalto al Capitolio de 2021, que —según dijo— beneficiaría a ocho senadores al permitirles "demandar al Gobierno por millones de dólares si el Departamento de Justicia solicita sus registros telefónicos mediante una citación judicial o una orden de no divulgación legal".

"Mientras las familias de mi distrito hacen malabarismos para pagar la comida y el alquiler, los senadores pretenden obtener una compensación personal si las autoridades se atreven a exigirles que rindan cuentas. Esto no solo es una mala política, sino una falta de ética y un flagrante conflicto de intereses", dijo.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la disposición permite a los senadores demandar al Departamento de Justicia (DOJ) si sus registros telefónicos fueron obtenidos sin previo aviso durante la investigación del asalto al Capitolio de 2021.

La medida autoriza compensaciones de hasta medio millón de dólares, lo que ha generado críticas dentro de la mayoría republicana y entre miembros de la Cámara de Representantes.

La cláusula fue incorporada en la fase final de la negociación, sin consulta previa con varios legisladores, lo que provocó sorpresa e indignación en el Congreso.

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