Supremo de EE. UU. da paso a mapa de Texas y bloquea orden que lo tachaba de sesgo racial
El fallo de los jueces federales de El Paso obligaría a Texas a utilizar el mapa aprobado por la legislatura estatal en 2021, basado en el censo de 2020
EFE
La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó este viernes temporalmente el fallo de un tribunal inferior que determinó que el plan de redistribución de distritos congresionales de Texas para 2026, impulsado por el presidente, Donald Trump, probablemente discrimina por motivos de raza.
El fallo del tribunal inferior en El Paso había concluido que el nuevo mapa electoral favorecía deliberadamente a los votantes blancos y diluía el poder político de las comunidades negras e hispanas.
La decisión se produjo con una votación de 2-1 y respondió a demandas de grupos de derechos civiles que impugnaron el plan en nombre de los votantes minoritarios, de acuerdo con diversos medios estadounidenses.
El mapa, diseñado durante el verano de 2025, buscaba otorgar a los republicanos cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes y mantener su escasa mayoría en el Congreso.
El fallo de los jueces federales de El Paso obligaría a Texas a utilizar el mapa aprobado por la legislatura estatal en 2021, basado en el censo de 2020, si se confirmara.
¿Qué antecedentes existen sobre este caso?
La Corte Suprema, cuya mayoría es conservadora, ha bloqueado fallos similares de tribunales inferiores en Alabama y Luisiana cuando se producen muy cerca de las elecciones, alegando que podrían generar confusión entre votantes y autoridades electorales.
En este caso, la intervención del Supremo se produjo pocas horas después de que Texas solicitara su intervención debido a la proximidad de las elecciones primarias al Congreso en marzo de 2026.
Texas no es el único estado en disputa: mapas electorales rediseñados en California, Missouri y Carolina del Norte también enfrentan impugnaciones judiciales, mientras la Corte Suprema evalúa por separado un caso en Luisiana que podría limitar el uso de la raza como criterio en la redistribución de distritos según la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto.
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