La fiscal general de Nueva York califica de "traición" el fallo del Supremo contra el TPS
La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del presidente, Donald Trump, al avalar la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para inmigrantes haitianos y sirios
EFE
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, cargó este jueves contra el fallo del Tribunal Supremo que avala revocar el amparo migratorio para haitianos y sirios (TPS) y afirmó que se trata de "una traición" a los valores de Estados Unidos.
"El TPS se creó para proteger a las personas procedentes de países que sufren conflictos armados y crisis humanitarias. Muchos neoyorquinos de origen haitiano y sirio contaban con que nuestro país cumpliera con sus compromisos mientras construían una vida libre del miedo y la agitación", escribió James en un comunicado.
La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves a favor del presidente, Donald Trump, al avalar la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para inmigrantes haitianos y sirios, una decisión que podría dejar sin amparo migratorio a cerca de 360,000 personas.
La decisión (6-3) deja expuestos a la deportación a unos 350,000 haitianos y 6,100 sirios, además de poner en peligro a aproximadamente 1.3 millones de inmigrantes de 17 países que contaban con ese estatus cuando Trump regresó al poder en enero de 2025.
Impacto social
James aseguró que el fallo del Supremo supone "una traición a nuestros valores y a la promesa" que hizo Estados Unidos "de proteger a las personas del desplazamiento, la represión y el daño".
Además, subrayó que "cientos de miles" de beneficiarios del TPS han formado familias, desarrollado carreras profesionales, creado negocios y construido comunidades en el país.
"Son nuestros vecinos, compañeros de trabajo y de clase y seres queridos, y se merecen algo más que ver sus vidas sumidas en el caos por culpa de una administración cruel e imprudente", aseveró.
En su fallo, la Corte Suprema sostuvo que la ley que regula el TPS, creado en 1990 para ofrecer refugio temporal a personas que no pueden regresar con seguridad a sus países, impide a los jueces revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre estas protecciones.
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