Dominicana se declara culpable de fraude por más de US$1 millón al seguro de desempleo en EE. UU.
La acusada y sus cómplices obtuvieron más de 550,000 dólares mediante identidades robadas
Diario Libre USA
Una ciudadana dominicana con residencia permanente legal en Estados Unidos se declaró culpable de participar en un esquema de fraude para obtener beneficios por desempleo mediante el uso de identidades robadas, informó la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia.
La mujer identificada como Karin L. Contreras, de 45 años, admitió ante la jueza federal Beryl A. Howell su responsabilidad en un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. La lectura de sentencia fue fijada para el 6 de noviembre de 2026.
Según documentos judiciales, entre junio de 2020 y marzo de 2021, Contreras conspiró con otras personas para presentar solicitudes fraudulentas de beneficios por desempleo utilizando nombres e información personal de terceros.
Esquema de fraude
Como parte del esquema, los implicados recibían tarjetas de débito prepagadas cargadas con fondos de los programas de desempleo. La mayoría de esas tarjetas fueron enviadas a una dirección en Washington D. C., ubicada cerca de la residencia de Contreras.
Las autoridades indicaron que la acusada y sus cómplices retiraban el dinero en cajeros automáticos, generalmente en transacciones de 1,000 dólares, el límite máximo permitido por día.
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La investigación determinó que, entre el 1 y el 14 de julio de 2020, Contreras utilizó personalmente 12 tarjetas obtenidas de forma fraudulenta para retirar 23,000 dólares en efectivo. En total, los conspiradores obtuvieron más de 550,000 dólares, aunque las solicitudes fraudulentas presentadas superaban el millón de dólares.
Reacción de la Fiscalía
La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro afirmó que Contreras "llegó a nuestro país, obtuvo la residencia permanente y luego estafó al pueblo estadounidense", al advertir que este tipo de delitos será perseguido.
El caso fue investigado por la oficina del FBI en Washington y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La acusación está a cargo de fiscales del Distrito de Columbia y de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia.
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