VIDEO | Incertidumbre en la comunidad venezolana de Florida tras fallo sobre protección migratoria
Trump volvió al poder con la promesa de deportar a millones de indocumentados
AFP
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó este martes la decisión de la Corte Suprema estadounidense que autorizó la suspensión de un amparo migratorio que protege a 350,000 venezolanos en ese país.
- TPS Suspendido -
La máxima corte accedió a una solicitud del gobierno del presidente Donald Trump para anular el Estatus de protección temporal (TPS) de este grupo de migrantes mientras un caso que impedía su deportación se litiga en los tribunales.
"Rechazo y repudio el retiro del TPS como protección social a la migración venezolana, migrar no es delito, quitarle el TPS sí es un delito", dijo Maduro en referencia al beneficio de Estatus de protección temporal (TPS).
"Le quitaron el TPS a 350,000 venezolanos, el TPS era una forma de protección para atraer migrantes venezolanos en Estados Unidos (...) era una protección mínima que tenían, ahora se los quitaron", agregó.
Trump volvió al poder con la promesa de deportar a millones de indocumentados.
Y su gobierno revocó la extensión de 18 meses del TPS para estos 350,000 venezolanos que ordenó el expresidente demócrata Joe Biden poco antes de entregar el poder al republicano.
Un juez federal de California suspendió temporalmente en marzo esta decisión al considerar que "huele a racismo".
La decisión fue apelada entonces ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora.
Estados Unidos otorga el TPS a extranjeros que no pueden regresar a su país de manera segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones "extraordinarias".
La Corte Suprema de EE. UU. permite a Trump revocar protección migratoria a 350,000 venezolanos
"La mayoría de los venezolanos-estadounidenses votaron pensando que (Trump) iba a tener una postura mucho más frontal en contra del régimen de Maduro, que lo iba a sacar del poder, no que iba a terminar sacando a los venezolanos de Estados Unidos", dice José Antonio Colina, presidente de una organización de exiliados del país sudamericano.
"Hay una profunda contradicción porque, si los servicios de inteligencia estadounidenses han evaluado que Venezuela es un país donde no se respetan los derechos humanos, ¿cómo puede mandar allá a miles personas que vinieron precisamente por persecución política?", se pregunta.
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